Hermosillo, Son., Un juez ordenó ayer liberar a los siete imputados por el incendio de la tienda Waldo’s en esta ciudad, el cual dejó 24 personas fallecidas y 12 lesionadas el pasado 1º de noviembre, luego de resolver que la defensa de los inculpados requiere de más tiempo para hacer una revisión exhaustiva del expediente, informó la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGE), la cual anunció que impugnará la decisión.

Lo anterior a pesar de que los implicados, entre ellos ex funcionarios estatales y municipales, enfrentaban cargos por homicidio culposo, lesiones culposas, aborto e incumplimiento de un deber legal.

Entre los acusados se encuentran Juan Manuel G, delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Sonora y ex coordinador estatal de Protección Civil; Joaquín R, ex secretario del ayuntamiento de Hermosillo; Emanuel V, ex director de Inspección y Vigilancia municipal; José Luis A, vinculado a la operación del establecimiento; Jesús Ángel R. y dos personas más relacionadas con funciones de inspección y protección civil, cuyos nombres no se han dado a conocer.

La audiencia inicial, celebrada el viernes, se extendió por más de 12 horas, pues comenzó a las 10 horas y concluyó pasada la medianoche; además, estuvo marcada por una discusión prolongada que, según la FGE, se centró en aspectos de forma y no de fondo.

Deficiencias en las copias

La fiscalía alegó que el juez permitió a la defensa argumentar supuestas deficiencias en las copias del expediente, como la falta de color o problemas de legibilidad, pese a que la carpeta de investigación original y copias certificadas habían sido puestas a disposición de las partes en el juzgado oral penal del distrito 1.

Durante la diligencia, el Ministerio Público expuso los actos imputados y la probable responsabilidad de los detenidos, varios de ellos ya habían comparecido y conocían el contenido del expediente.

Sin embargo, el juzgador determinó que por el volumen de la carpeta de investigación no era posible continuar en la misma audiencia con la fase de vinculación a proceso, aun cuando según la FGE existía tiempo legal para hacerlo.

Como consecuencia de esa decisión el juez ordenó la liberación de los siete imputados, no bajo el argumento de inocencia o ilegalidad en su detención, sino para conceder mayor tiempo a la defensa para una revisión exhaustiva del expediente.

Para ello, fijó un plazo de 18 días, resolución que la fiscalía considera contraria a lo establecido en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén un máximo de 144 horas.

La FGE, por su parte, anunció que promoverá los recursos legales correspondientes para impugnar la resolución judicial, al no compartir el criterio adoptado del juez.

Aseguró, además, que “mantendrá firme la pretensión punitiva y continuará impulsando las acciones legales necesarias para garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño a las víctimas”.

En tanto, el juez modificó la medida cautelar de prisión preventiva y determinó que las siete personas detenidas enfrenten el proceso penal en libertad. Además, fijó el 13 de enero de 2026 como fecha para la siguiente audiencia.

Por su parte, la fiscalía informó que el caso continúa abierto y que existen 25 órdenes de aprehensión en total relacionadas con el siniestro, de las cuales siete han sido ejecutadas hasta ahora.

La liberación de los imputados, subrayó la institución estatal, no implica el cierre del proceso ni una resolución definitiva sobre su responsabilidad penal.