os mercados de carbono son espacios de comercio financiero para vender aire, algo que para cualquier persona suena absurdo, y lo es. No ha servido para detener el cambio climático ni para mejorar sus consecuencias, al contrario. Sin embargo, para los agentes y empresas que participan en el negocio de vender esas cuotas de aire limpio a las grandes trasnacionales contaminantes del globo –que las compran para compensar el daño que hacen emitiendo gases de efecto invernadero (GEI) que causan el caos climático– es un jugoso negocio y por ello, pese a ser un fraude en muchos sentidos, sigue en alza.
México está entre los países más buscados para generar créditos de carbono, tanto por sus ecosistemas forestales y otros que absorben carbono, como por la estructura de propiedad de los bosques y la permisividad política para el establecimiento de esos mercados. Hay muchos factores a tener en cuenta para entender los múltiples impactos negativos en México, el principal es que los proyectos diseñados para créditos de carbono son una nueva forma de apropiarse de hecho de las tierras y bosques de ejidos y comunidades, violando los derechos de pueblos indígenas y comunidades campesinas.
Cuánto peor está el estado del clima en el mundo, más campo se abre para este tráfico de cuotas de contaminación. La teoría es que las grandes empresas que contaminan pagan a otros en alguna parte para que absorban el exceso de dióxido de carbono y otros gases GEI y lo almacenen en forma permanente para que no vuelva a la atmósfera. Los contaminadores pueden “comprar” créditos para justificar seguir contaminando y también hacer un negocio adicional con la ganancia de reventa de bonos de carbono en mercados secundarios a mayor precio. Con la misma mentalidad, se han comenzado también a comerciar créditos como compensación por destruir la biodiversidad.
Los mercados de carbono existen en el mundo desde unos 30 años, tienen antecedentes y formas similares de compensación en programas de pago de servicios ambientales y REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal). La mayor cantidad de créditos de carbono se basan en medir el carbono que absorben (y supuestamente retienen) bosques y plantaciones de árboles; más recientemente también tierras agrícolas, cría de ganado, sistemas costeros y marinos. El carbono se ha convertido en una nueva métrica del capital.
Los créditos y bonos de carbono que estos generan, funcionan como moneda de cambio que puede usarse para negocios, acumulación, especulación. Un crédito de carbono equivaldría a una tonelada “secuestrada” de dióxido de carbono o el equivalente de otros GEI. Quien emite un crédito, supuestamente comprobó que en alguna parte se capturó y almacenó una tonelada de carbono en forma permanente.
En realidad, está medición es difícil o imposible en la mayoría de los casos, porque se trata de sistemas vivos que respiran, es decir, que absorben, pero también emiten carbono. Además, tienen múltiples interacciones con otros sistemas vivos y con comunidades humanas, interacciones dinámicas que también cambian los resultados. En lugar de que esta incertidumbre desanime a los “mineros del aire” –como llaman comunidades de Brasil a los empresarios del carbono– la medición en sí misma y su monitoreo y verificación, se ha convertido en un negocio adicional.
A partir de 2022 ha habido un repunte muy marcado de los proyectos de carbono en México. El principal actor real de estos proyectos son bosques de ejidos y comunidades y el trabajo que estas hacen. Pero el proceso “del bosque al crédito” es engorroso y está diseñado para que solamente “expertos” externos lo puedan transitar.
Para identificar un área, definir un proyecto, planear su manejo, registrar, monitorear, verificar, certificar, emitir créditos y finalmente venderlos en los mercados hay intermediación de muchos otros actores: ONG que se acercan a las comunidades, expertos, técnicos, agencias, empresas que fijan estándares internacionales y son a su vez quienes verifican que se cumplan, brokers o intermediarios de activos financieros, etcétera. Intervienen también instituciones gubernamentales. Esto significa que cualquier supuesta ganancia va en su mayor parte para otros actores, no para las comunidades. Y eso sin contar las ganancias de las trasnacionales contaminadoras que compran créditos y los revenden. Es usual que las comunidades no reciban nada o sean montos ridículos, lo cual se ha documentado en muchos casos, por ejemplo, en comunidades de Veracruz (https://tinyurl.com/bdf76rew). Incluso pueden quedar endeudadas.
En mayo de 2024, un reporte encargado por el gobierno mexicano contabilizó 314 proyectos de créditos de carbono en el país. A noviembre 2025, según los registros de las dos principales agencias internacionales que intervienen en esos proyectos, Reserva de Acción Climática y Verra/VCS, hay 410 proyectos en curso con la primera y 43 adicionales con Verra. Ambas han sido señaladas en investigaciones periodísticas por generar créditos “fantasmas” en diversos proyectos y otros problemas. Pese a ello, han aumentado notablemente su presencia en México. Es importante entender los impactos y amenazas que conllevan estas iniciativas, especialmente para las comunidades.
