El Estado mexicano tiene una deuda no sólo con las personas desaparecidas, sino también con sus familiares, quienes sufren consecuencias en su salud debido a la somatización del trauma, deterioro físico acelerado, impacto en la salud mental y fragmentación social y económica, advirtió la organización I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Subrayó que esta crisis de salud física y mental no puede entenderse sin analizar la respuesta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), junto con las comisiones estatales, instituciones que, asegura, operan con “patrones similares de negligencia” a lo largo del país, lo que constituye una forma de revictimización sistemática que agrava el daño causado por la desaparición.

De acuerdo con el documento “El costo de la búsqueda: informe sobre las afectaciones a la salud de familiares de personas desaparecidas y la respuesta institucional en México”, elaborado por dicha organización, no hay una política integral y la acción del Estado se caracteriza por la falta de transparencia y desagregación de datos, limitaciones de personal para atención sicológica, médica, trabajo social y acompañamiento jurídico, obstáculos para la comprobación del hecho victimizante y la obtención de rembolsos tanto por parte de la CEAV como de las comisiones estatales de atención a víctimas.

Destaca que las labores de búsqueda recaen principalmente sobre madres, esposas, hermanas e hijas, quienes ven afectada su salud por el estrés crónico y el trauma prolongado que implica asumir la búsqueda y la investigación por sus propios medios. En este proceso aparecen o se agravan enfermedades crónicas y degenerativas como diabetes, hipertensión, cáncer, así como trastornos digestivos.

Asimismo, las largas jornadas de búsqueda en terrenos inhóspitos y sin equipo adecuado causan desgaste físico directo. Las lesiones musculoesqueléticas por caídas, dolor crónico de cadera y rodillas, así como problemas dermatológicos y respiratorios por la exposición a entornos insalubres son comunes para quienes integran los colectivos de búsqueda.

Entre los problemas de salud mental de los buscadores destacan una alta prevalencia de depresión, ansiedad, trastornos del sueño y traumas no resueltos, consecuencias directas de la incertidumbre constante y la ambigüedad generada por la pérdida y la lucha contra la indiferencia de las instituciones.

Además, sostiene que se observa una fragmentación social y económica, ya que la desaparición de un integrante rompe el núcleo familiar, lo que puede llevar a divorcios o aislamiento.

Las personas buscadoras pierden sus empleos –y con ello su seguridad social– por tener que dedicarse a investigar y rastrear, lo que agrava la vulnerabilidad económica.

El informe puntualiza que garantizar el derecho a la salud integral de quienes buscan no es una concesión, sino un imperativo en materia de derechos humanos.

Desde los colectivos de familiares se hizo un llamado para que la CEAV y las comisiones estatales de atención a víctimas escuchen a las familias y trabajen a su lado.