La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que da seguimiento puntual e investiga el proceso de licitación pública nacional para la contratación de vales electrónicos de despensa destinados a trabajadores del gobierno federal.

La revisión deriva del procedimiento de inconformidad que interpuso hace unos días Toka Internacional, una de las empresas licitantes, en contra de Servicios Broxel, compañía ganadora del contrato.

El martes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la mencionada secretaría a verificar el proceso de licitación, luego de que se difundieron reportes sobre retrasos en la entrega de las tarjetas, los cuales afectan la dispersión de recursos a los trabajadores.

Durante su conferencia matutina, se indicó que la adjudicación a Servicios Broxel se sustentó en una bonificación de 5.76 por ciento; sin embargo, posteriormente la empresa señaló que dicho porcentaje no era viable y que únicamente podría aplicar un descuento de 3.01 por ciento.

En un comunicado, la Secretaría Anticorrupción confirmó que Servicios Broxel ofertó un descuento de 3.01 por ciento para el Gobierno federal, frente a 2.84 por ciento presentado por Toka Internacional.

El proceso tuvo como objetivo atender la prestación del servicio para 206 instituciones de la administración pública federal, con una vigencia del 8 al 31 de diciembre de 2025, y contempló un monto mínimo de 7 mil 345 millones de pesos y un máximo de 10 mil 338 millones de pesos.

Por ello, la Secretaría Anticorrupción informó que analizará la licitación pública nacional electrónica identificada como LA-06-400-006400001-N-19-2025, conducida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar el “servicio de suministro de vales electrónicos de despensa para el otorgamiento de la prestación de la medida de fin de año correspondiente al ejercicio fiscal 2025”.

Denuncian fallas

De acuerdo con la dependencia, encabezada por Raquel Buenrostro, la inconformidad fue presentada por Toka el 11 de diciembre, al argumentar que la empresa ganadora no habría señalado precios unitarios en su propuesta económica.

La secretaría subrayó que la inconformidad es un medio legal mediante el cual los participantes en los procedimientos de contratación pública pueden poner en conocimiento de la autoridad posibles irregularidades, y que su resolución se realiza conforme a las etapas y plazos establecidos en la normativa vigente.