Las ferias en la Ciudad de México están en vía de extinción. En la década reciente, factores como el hundimiento del suelo, la competencia desleal con empresas foráneas y prácticas de corrupción han perjudicado al gremio local de ferieros, situación que, denuncian, ha cerrado paso a su instalación en la temporada decembrina, la cual concentra el mayor ingreso para el sustento de más de 2 mil familias.

De manera paralela, las ferias han perdido su carácter familiar con el encarecimiento de los juegos mecánicos, que pasó de 25 a 50, o incluso 60 pesos por turno, algo que ha reducido la asistencia del público; también se suma la instalación de barras para la venta y consumo de alcohol como condición para operar. “Eso ha influido en que la gente en la Ciudad de México también ya no las visite”, lamentaron trabajadores, quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias.

Pese a que anticiparon la solicitud de permisos en marzo de este año, aseveraron que existe discriminación del gobierno central y las alcaldías que, aseguran, privilegian a empresas de estados como Guadalajara, Durango y Tamaulipas, que acaparan los espacios y concentran el monopolio.

Detallaron que el permiso en Gaceta vale entre 10 mil y 20 mil pesos por instalación de una semana, dependiendo el tipo de plaza; no obstante, la falta de licitaciones dificulta la transparencia en la asignación de espacios por metro lineal, sujetos a negociaciones, cobros discrecionales y acuerdos previos.

Tan sólo en la demarcación Cuauhtémoc, señalaron, “80 por ciento de los juegos los traen grupos que no son de la ciudad”. Se trata de atracciones de gran tamaño y peso –entre 20 y 30 toneladas–, cuya instalación requiere condiciones técnicas específicas y peritajes.

Además, explicaron, el impacto de los juegos mecánicos sobre el espacio público requiere cada vez más calzas –maderas y estructuras de nivelación–. De acuerdo con los propios ferieros, pasaron de cuatro a hasta ocho calzas por juego, debido al desnivel del suelo, lo que ha multiplicado las quejas por posibles daños a la infraestructura y el rechazo a la instalación de ferias.