Este 2025, las intervenciones periciales relacionadas con afectaciones a vehículos o bienes provocadas por baches en la vía pública de la Ciudad de México se incrementaron 35 por ciento en comparación con los casos del año pasado.

De acuerdo con los registros de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, de octubre de 2024 a septiembre de este año hubo mil 950 automovilistas que exigieron una indemnización por los daños causados a sus unidades por el mal estado de la infraestructura vial, es decir, 511 más que en el mismo periodo de 2023-2024.

De enero al 5 de diciembre, esto significó una erogación de 5 millones 80 mil pesos por la Secretaría de Administración y Finanzas, según información obtenida vía transparencia.

A partir de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) –que además del tema de seguridad monitorea los principales problemas urbanos de las ciudades–, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva señala que para la mayoría de la población de la Ciudad de México los baches son un problema severo.

Alcaldías con más baches

La Magdalena Contreras, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Tláhuac son las alcaldías donde más de 80 por ciento de sus habitantes consideran grave el mal estado de la carpeta asfáltica.

A ellas les siguen Xochimilco, con 79.1 por ciento; Cuauhtémoc, 78.5 por ciento; Tlalpan, 78 por ciento; Iztapalapa, 73.4 por ciento, e Iztacalco, 75.6 por ciento.

Si la ciudadanía sufre un daño en sus bienes como consecuencia del funcionamiento irregular de la infraestructura pública, ya sea por un bache o coladera en mal estado, puede exigir la indemnización al Gobierno de la Ciudad de México.

Para ello se realiza un dictamen por peritos en materias de tránsito terrestre, valuación mecánica y de bienes muebles e inmuebles en el que se determina la responsabilidad patrimonial del ente público que corresponda, como consecuencia de su actividad administrativa irregular y que ocasionó un daño a la esfera jurídica patrimonial de los particulares afectados.

De agosto de 2023 a julio de 2024 hubo un total de 814 intervenciones periciales en las que se determinó responsabilidad patrimonial en 777, es decir, que el gobierno tuvo que pagar por los daños causados a los vehículos.

Asimismo, del 5 de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2024 se realizaron 4 mil 432 intervenciones periciales, en las que se reconoció responsabilidad patrimonial en 4 mil 46 casos.