Washington. La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó ayer que el gobierno del presidente Donald Trump despliegue a elementos de la Guardia Nacional en el área de Chicago para ampliar su campaña contra los inmigrantes.

El máximo tribunal, controlado por los conservadores con seis de los nueve magistrados, rechazó una solicitud de emergencia que presentó la administración federal con el fin de anular un fallo de la jueza federal April Perry, quien bloqueó el despliegue de efectivos en esa ciudad.

Se trata de una decisión bastante inusual desde la vuelta del republicano a la Casa Blanca.

No es una sentencia definitiva, pero podría afectar otras demandas que impugnan los intentos de Trump por desplegar a miembros de las fuerzas armadas en otras ciudades con gobiernos demócratas.

Sin peligro de rebelión

El gobierno estadunidense ha argumentado que la presencia de las tropas es necesaria “para proteger al personal y las propiedades federales ante la resistencia violenta contra las restricciones federales de inmigración”.

Sin embargo, la jueza Perry afirmó que no encontró evidencia significativa de que se esté gestando un “peligro de rebelión” en Illinois, y no hay razón para creer que las protestas en ese estado hayan obstaculizado la ofensiva migratoria de Trump.

Perry había ordenado en un principio el bloqueo del despliegue sólo por dos semanas. Pero en octubre pasado extendió su orden indefinidamente mientras la Suprema Corte revisaba el caso.

La instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus iniciales en inglés) en Broadview, un suburbio al oeste de Chicago, ha sido escenario de tensas protestas en las que agentes federales han utilizado en ocasiones anteriores gases lacrimógenos y otras sustancias químicas para reprimir a manifestantes y periodistas.

La Suprema Corte ha permitido que el mandatario prohiba que personas transgénero formen parte del ejército, recuperar miles de millones de dólares en gastos federales aprobados por el Congreso, tomar agresivas medidas contra inmigrantes y despedir a los titulares de agencias federales independientes.