Los partidos políticos destinan montos millonarios en contratar despachos jurídicos o asesorías legales con el objetivo de revertir las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), ante sus múltiples omisiones, irregularidades y violaciones a las leyes electorales.

Sólo en 2024, en el marco de la última elección federal, y en el presente 2025, en el que únicamente hubo comicios municipales en dos estados, el INE aplicó multas, sanciones y cobros por reintegros no realizados, que suman 924 millones 552 mil 550.79 pesos, de los que 70 por ciento se aplicaron a los partidos de la Cuarta Transformación.

En el mismo periodo, las seis fuerzas políticas con registro nacional destinaron 12 millones 3 mil 338 pesos, por medio de 13 contratos, para servicios de defensa legal, independientemente de los equipos jurídicos con los que cuenta cada instituto político.

Las irregularidades detectadas por el órgano comicial van desde la afiliación indebida de militantes; “egresos no reportados, no comprobados y aquellos sin objeto partidista”, omisiones de entrega de información y hasta propaganda no reportada.

El partido más sancionado en este periodo fue Morena, con multas por 365 millones 42 mil 872.37 pesos; esto es, 39 por ciento del monto total.

Le siguen en ese renglón el Partido del Trabajo (PT), con 147 millones 254 mil 968.77 pesos, y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 135 millones 145 mil 702.58.

El 30 por ciento restante de las sanciones fueron para el Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano.

Al blanquiazul se le multó con 118 millones 309 mil 10.35 pesos, a MC con 74 millones 815 mil 473.63 y al tricolor con 73 millones 874 mil 921.73 pesos. Además, se les descontaron 10.1 millones de pesos por reintegros de gastos de campaña no comprobados.

Entre los contratos reportados por las seis fuerzas políticas, MC es el que más destinó a servicios de asesoría legal, con 7 millones 26 mil 443 pesos, seguido del PT, con 2 millones 249 mil pesos.

Los servicios contratados van desde “asesoría jurídicas” y “servicios legales especializados en materia electoral”, hasta la elaboración de recursos de apelación, juicios de revisión constitucional, asesoría legal en materia laboral y mercantil, certificación notarial, presentación de denuncias y formulación de recursos de inconstitucionalidad.