La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) declaró al Estado mexicano responsable de la desaparición, “tortura sexual” y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, joven madre de 17 años de edad asesinada en 2001, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este tribunal determinó que el caso sucedió en un contexto de “violencia de género y de impunidad generalizada”, durante el gobierno de Vicente Fox.

Al notificar ayer la sentencia a México, la segunda en una semana, la Coridh señaló no sólo el abandono institucional del Estado, sino la falta de investigación, prevención de los ataques y amenazas que sufrió Norma Esther Andrade, madre de la víctima.

En su momento, Norma denunció que fue víctima de dos atentados: en diciembre de 2011, afuera de su domicilio en Ciudad Juárez, un sujeto le disparó en cinco ocasiones a la altura del pecho y en el hombro izquierdo, y dos meses después, ya en condiciones de desplazamiento, en el centro del país, un hombre la apuñaló en el cuello.

Tales hechos, señaló el tribunal, también acarreraron violaciones a las garantías fundamentales de los padres de Lilia Alejandra, y sus hijos Jade y Kaleb, quienes sufrieron además una violación a los derechos de la niñez y enfrentaron desprotección institucional.

En la notificación de la sentencia, que se realizó en audiencia pública virtual en San José, Costa Rica, la Corte estableció que el Estado violentó los derechos a la vida, la integridad, a no ser sometida a tortura, a la libertad personal, a la igualdad, a la verdad, y al derecho a vivir libre de violencia a raíz de la desaparición, violación y posterior feminicidio de Lilia Alejandra, perpetrado el 14 de febrero de 2001.

A casi 25 años de la desaparición y posterior feminicidio de la joven, quien trabajaba en una planta maquiladora de la ciudad fronteriza, la Coridh confirmó que la causa de muerte fue “estrangulamiento manual con características de homicidio posterior a un ataque sexual”.

Enfatizó, que estos hechos ocurrieron en un contexto de violencia contra las mujeres, situación de la que ya había alertado tras emitir una sentencia sobre el caso del Campo Algodonero, en diciembre de 2009, por tres asesinatos impunes de mujeres en Ciudad Juárez.

Nancy Hernández López, jueza presidenta de la Coridh, puntualizó que se ordenó al Estado mexicano diversas reparaciones, entre ellas, seguir con las investigaciones del feminicidio de Lilia Alejandra y las agresiones contra su madre, quien ha denunciado que a casi 25 años de los hechos sólo hay un detenido, Manuel Navarro, pero la familia y sus abogados no tienen certeza de que esté relacionado con los hechos.

Ante el fallo definitivo, el tribunal señaló que el gobierno mexicano debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas, así como brindar atención médica, sicológica o siquiátrica gratuita de forma inmediata, adecuada y efectiva a la madre e hijos de la víctima.

Por la noche, en un comunicado, la Secretaría de Gobernación aseguró que acatará las medidas de reparación y que se llevará a cabo un “análisis integral y detallado” de la sentencia, a fin de definir las acciones institucionales para cumplir con las medidas de reparación estipuladas en el fallo.