Es “necesario reforzar las acciones preventivas y focalizadas que permitan mayor seguridad territorial, anticipar fenómenos delictivos emergentes, la recuperación de espacios dignos, fortalecer la organización gregaria, los valores colectivos como el bien común, y los lazos de solidaridad característicos de la población mexicana, particularmente entre los jóvenes para evitar conductas antisociales que puedan abonar a la actividad delictiva y mermar la actuación institucional”, señala el Programa Sectorial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 2025-2030.

El plan aprobado, fue dado a conocer mediante un decreto emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Diario Oficial de la Federación, y en él se establece la obligación de aplicarse a todas las instituciones, y estará coordinado por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

El programa señala que “sin la confianza en la capacidad de las instituciones de garantizar la seguridad, se rompe un elemento del pacto social entre gobernantes y gobernados, especialmente en delitos que afectan a grupos de menores, mujeres, comunidades indígenas y afromexicanas, entre otros”.

Por ello, refiere, el Estado mexicano debe reforzar la protección hacia aquellas personas o grupos históricamente discriminados por razones de origen étnico, género, edad, discapacidad, orientación sexual, condición social o de salud, religión, identidad de género, entre otras condiciones que las vulneran.

“A partir de este contexto, la SSPC establece como objetivo impulsar las capacidades de investigación y persecución del delito con enfoque de género, diferenciado e intercultural con el fin de corresponder de manera efectiva a la complejidad de los contextos territoriales y sociales en aras de contribuir a la legitimidad institucional, la confianza ciudadana y la reconstrucción del tejido social, así como garantizar una atención sensible al entorno y las dinámicas regionales.”

Se reconoce en materia de deficiencias en la atención de los Ejes de Reinserción Social del Sistema Penitenciario Federal, pero que existen “áreas críticas de oportunidad, entre las que sobresalen las siguientes: insuficiencia de personal de seguridad y custodia, presente en 78.6 por ciento de los centros federales de readaptación social; deficiencia en la atención a personas adultas mayores (42.9); insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos (7.1); insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación (7.1), y la insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos (7.1).