El senador estadunidense Ron Wyden se puso en contacto con siete compañías de transporte marítimo como parte de una investigación sobre el contrabando de combustible entre Estados Unidos y México vinculado a un cártel.

Wyden pidió a las empresas que expliquen sus procedimientos de investigación para garantizar que sus petroleros no se utilizan para transportar hidrocarburos ilícitos, de acuerdo con copias de cartas vistas por Reuters.

Las cartas de Wyden, que es el miembro demócrata más veterano de la Comisión de Finanzas del Senado, están fechadas el viernes. Llegan en un momento en que el crudo robado y el combustible de contrabando se han convertido en la segunda fuente de ingresos de los cárteles mexicanos, después de las drogas, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los narcos lo han conseguido introduciéndose en el vasto sector energético de Norteamérica y dominando la logística del transporte de productos petroleros por camión, ferrocarril y, más recientemente, buques petroleros. Han reclutado a diversos actores legítimos de la industria petrolera para que les ayuden a adquirir y transportar los productos, algunos sin saberlo y otros participando activamente, según fuentes policiales.

Las misivas de Wyden hacían referencia a una investigación de Reuters en la que se desmenuzaba cómo funciona la presunta trama y cómo aprovecha las lagunas existentes en el vasto y complejo sector energético estadunidense, que afecta a multitud de entidades, entre ellas grandes petroleras, navieras y agencias gubernamentales.

Las cartas se enviaron a siete de las principales empresas del sector petrolero: Torm, International Seaways, Norden, CMB.Tech, Frontline, Teekay y Scorpio. Wyden solicitó información detallada antes del 10 de enero de 2026 sobre la diligencia debida que cada empresa lleva a cabo “para garantizar que sus petroleros no se utilizan para transportar combustible ilícito”, decía la carta. Ninguna de las empresas ha sido acusada de alguna infracción.

La trama está basada en una evasión fiscal del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que México aplica, entre otros, a la importación de diésel y gasolina. Los delincuentes evaden el impuesto, que se cobra por litro y a menudo supone más de 50 por ciento del valor del cargamento, declarando que el combustible extranjero es otro tipo de producto petrolero exento del impuesto.

El cártel Jalisco Nueva Generación es el líder indiscutible del contrabando de combustible y crudo y el único que utiliza petroleros, según fuentes de seguridad mexicanas y estadunidenses.

El contrabando de combustible ha crecido tan rápidamente que las importaciones ilegales representan hasta un tercio del mercado mexicano de diésel y gasolina, declararon a Reuters a principios de este año cinco fuentes gubernamentales mexicanas actuales y anteriores.

El combustible ilegal que entra en el país está valorado ahora en más de 20 mil millones de dólares al año, según una de las personas que ayudó a la Secretaría de Hacienda a calcular el tamaño del comercio ilícito.