Recordaron a los que murieron esperando este día
La proeza de la unidad sindical es un sano precedente, destaca líder
Viernes 19 de diciembre de 2025, p. 3
En el recinto de la combativa Sección 65 del Sindicato Nacional Minero, la alegría se desbordó. Sonrientes, trabajadores y familias se estrecharon en abrazos durante una concurrida asamblea que avaló los acuerdos para resolver la histórica huelga de Cananea, tierra sonorense que sigue siendo un referente de la lucha obrera.
El triunfo de un proyecto de unidad sindical sienta un precedente para el movimiento obrero mexicano y representa una lección en la defensa de los derechos laborales, destacó Heriberto Verdugo, delegado del sindicato en Sonora.
Al ver concluida una etapa de firme resistencia que dejó la pérdida irreparable de 53 valiosos compañeros, trabajadores y familiares expresaron su beneplácito, aunque también reconocieron sentimientos encontrados.
“Se hizo justicia; tarde o temprano se iba a lograr. Ha sido un proceso muy desgastante y triste. Yo hubiera dado todo para que mi esposo estuviera vivo y sintiera esta emoción, pero, por desgracia, le tocó no estar aquí”, externó Julieta Castillón Bustamante, viuda del minero Víctor Manuel Rosas Díaz, quien falleció en septiembre de 2023.
Reprochó que durante ese tiempo, tanto a su esposo como a sus compañeros mineros, “les arrebataron sus derechos, no hubo respeto ni equidad”. Enfrentaron, apuntó, a una empresa “perversa” como Grupo México, que ha contaminado la región y saqueado el país.
Durante casi dos décadas, más de 650 mineros libraron una lucha desigual, derivada de las agresiones sistemáticas que el empresario Germán Larrea emprendió, en complicidad con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para intentar acabar con este movimiento.
Verdugo señaló que el acoso de la empresa y los intentos de desalojarlos fueron muchos: en abril de 2009, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo para la terminación del contrato colectivo y el despido de los mil 200 trabajadores “por causas de fuerza mayor”.
Durante dos años, el Sindicato Minero buscó ampararse, pero en 2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la decisión, y así Larrea rompió la huelga. Alrededor de 4 mil militares y policías federales fueron enviados por el gobierno de Felipe Calderón para desalojar violentamente a los trabajadores.
Los mineros de Cananea también enfrentaron el desempleo, el hambre y la discriminación, pues se les boletinó a ellos y a sus hijos mediante “listas negras”, con el afán de negarles el derecho al trabajo, denunció Nabor Duarte, dirigente de la Sección 65 del Sindicato Nacional Minero.
Ante las sistemáticas violaciones a sus garantías básicas, el caso escaló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“En Cananea no está la gente que debería pertenecer; muchos emigraron a otros estados, y quienes están aquí no volvieron a recibir trabajo”, manifestó Julieta, al tiempo que reclamó que Grupo México haya contratado personal proveniente de otras regiones.
Además de la represión con el uso de la fuerza pública, se les negó el derecho a la salud tras el cierre de la clínica y el hospital El Ronquillo, así como el retiro de la seguridad social, señaló.
En contraste con las millonarias ganancias obtenidas por la extracción de cobre, la región enfrentó una profunda incertidumbre económica e incluso desintegración familiar tras el estallamiento de la huelga el 30 de julio de 2007.
Ante las promesas incumplidas, los mineros de la Sección 65 tuvieron que recurrir a bloqueos carreteros, particularmente en la ruta Cananea-Ímuris, soportar temperaturas de 40 grados y viajar a la Ciudad de México para encabezar protestas frente a Palacio Nacional, en su incansable búsqueda de justicia, que finalmente alcanzaron la noche del miércoles.
