u majestad imperial Donald Trump siempre encuentra motivo para crear apuros en la relación bilateral. Prende fuegos y él mismo los apaga, pero no los nulifica, sino que los regresa a su cartuchera; ya los volverá usar. Bien hace la presidenta Claudia Sheinbaum en irlo llevando despacito.
El de hoy es el vetusto conflicto por el aprovechamiento del agua que se produce y utiliza a lo largo de la frontera, y en esta ocasión lo agrava la inquietud que a usuarios mexicanos provoca la nueva ley mexicana sobre el manejo del agua.
Es un problema que, visto a la ligera, no plantea novedad alguna, pero bajo la óptica de la actual relación con Estados Unidos, toma el cariz de riesgo a la relación bilateral precisamente cuando el tratado trilateral está por entrar a revisión. Algo tiene de brujo el señor Trump.
La realidad es que el agua es un fenómeno mundial, lo que realza la autenticidad y trascendencia del asunto; véase: 70 por ciento de la superficie mundial está cubierta por agua y sólo 2.5 por ciento es dulce, pero para peor, descuéntese de ella toda la que está congelada o es inaccesible.
En cuanto a la copropiedad de las aguas de México y Estados Unidos, está regulada por el Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos de 1944. El río materializa parte de la frontera entre México y Estados Unidos, por lo que la distribución de su agua ha sido motivo de tensiones; véase: el río Colorado nace en Estados Unidos y cruza varias entidades de ese país hasta llegar a México. El problema es que Estados Unidos ha utilizado gran parte del caudal para uso urbano, agrícola e industrial.
El río Bravo confronta la peculiaridad de que nuestro país debe entregar cierta cantidad de agua que es producida por sus afluentes mexicanos, pero en épocas de sequía cumplir el compromiso se complica. El tratado fue concebido para regular el uso y distribución del agua de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo, atendiendo como punto clave que:
1. Estados Unidos debe entregar a México mil 850 millones de metros cúbicos anualmente del río Colorado, pero dado el creciente uso desde sus orígenes, cada temporada su aporte es más exiguo. Ese país ha sido acusado por nosotros de entregarnos el agua del Colorado con alto nivel de salinidad y en menor cantidad.
2. México debe entregar a Estados Unidos un promedio de 431 millones de metros cúbicos anuales del río Bravo, nutrido por afluentes mexicanos. El aporte comprometido, que se regula con presas, cada temporada es más pernicioso para los usuarios urbanos, industriales y agrícolas de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que se manifiestan cada vez más enérgicamente. México frecuentemente se retrasa o incumple volúmenes en sus entregas del río Bravo.
3. Para manejar este conflicto, desde 1944 se creó la Comisión Internacional de Límites y Aguas, lo que a tiras y tirones ha sido la solución. Hoy los momentos son propicios para Trump, quien con sus declaraciones flamígeras habla de aplicarnos aranceles de 5 por ciento si no cubrimos lo adeudado. Así subió el tono de ser un problema ancestral a una discrepancia con la presidenta Sheinbaum.
Por parte de Estados Unidos integran el explosivo coctel Washington y los gobiernos de Arizona, Nuevo México y Texas, que, iracundos, exigen justamente su dotación de agua. Los secundan con toda legitimidad los representantes de las ciudades, industrias y distritos de riego afectados.
Después de lo dicho por Trump, el otro ingrediente de la fórmula somos las partes mexicanas. Ciudades, industria, agricultores y ganaderos no piensan reducir sus demandas de agua, argumentando que los ríos que aportan al río Bravo son mexicanos, como lo son los manantiales que los forman.
Las dos partes tienen una cierta forma de razón, sobre todo cuando sabemos que el agua escaseará más cada temporada de manera alarmante. La delicada aguda conclusión es que sus ciudades e industrias podrían sufrir desabasto y su campo se arruinará.
Súmese al problema el crecimiento poblacional nacional, más los miles de migrantes que se reciben desde el sur y sus efectos sobre las realidades económicas y sociales de la frontera. Para dar la magnitud que tiene el explosivo desacuerdo, piénsese en cómo y cuánto lo aprovechará Trump, que en este reglón tiene razón: por años nosotros incumplimos. La presidenta Sheinbaum, lúcidamente, en vez de calentar el ambiente negándolo, lo aceptó con la salvaguarda de proteger el interés nacional. Y por nuestro lado, ¿cómo defender los intereses de 18 millones de nacionales que viven en nuestra frontera norte?
Estamos atorados en un verdadero callejón y todos los participantes tienen su forma particular de poseer razón. Entonces, ¿cómo precisar el problema para buscar solucionarlo sabiendo que no hay solución fácil ni pronta, y cuál sería el próximo calambre de parte de su majestad imperial?
