Chihuahua, Chih., El Congreso de Chihuahua aprobó el paquete económico 2026 que autoriza a la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván un crédito a largo plazo por 3 mil millones de pesos, la restructura de más de 16 mil millones de deuda pública contratada en la administración del ex mandatario Javier Corral y un incremento de 33 por ciento al impuesto sobre nómina (ISN).

El nuevo crédito lo autorizaron los votos del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PVEM y PT; sufragaron en contra 10 de los 12 diputados de Morena.

Los panistas justificaron la deuda al decir que se destinará a inversión pública productiva, particularmente en infraestructura carretera y el polo de desarrollo para el bienestar en San Jerónimo, Ciudad Juárez.

Con el préstamo de 3 mil millones, la deuda pública acumulada de Chihuahua llegará a más de 60 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno estatal estará obligado a pagar 10 mil 71 millones de intereses y abonos a capital en 2026, de acuerdo con datos oficiales.

Antes, Morena había anunciado que detendría la aprobación de la deuda, pues sus 12 representantes podían impedir ese tipo de créditos; sin embargo, al momento de votar el dictamen las legisladoras Edith Palma y Rosana Díaz se ausentaron.

La dirigente estatal de ese partido guinda, Brigitte Granados, anunció que denunciará a las dos diputadas ante la Comisión de Honestidad y Justicia porque su ausencia permitió que se avalara el endeudamiento de las arcas públicas.

El dictamen de fortalecimiento financiero, aprobado la noche del martes en una sesión que duró 10 horas, incluye además la restructura de cuatro créditos de 2019 equivalentes a 15 mil 741 millones de pesos y la renegociación de una deuda con Banobras bajo el esquema bono cupón cero, por 665 millones.

El aumento de 3 a 4 por ciento en el cobro de ISN (incremento real de 33 por ciento) fue rechazado por representantes del sector empresarial organizado, quienes protestaron con pancartas durante la sesión.

Sostuvieron que el gravamen significa mayores costos laborales, presión fiscal acumulada y un entorno económico complejo para las empresas, mientras la administración estatal no ejerce el presupuesto público de manera eficiente ni responsable.

El argumento que los diputados del PAN y PRI dieron sobre el incremento del ISN es que el cargo será transitorio para los ejercicios fiscales 2026 y 2027 “con el objetivo de destinar los recursos adicionales a inversión pública productiva y saneamiento financiero”.