En caso de que la iniciativa de reforma electoral se envíe a la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política y las comisiones definirán consultas públicas, adicionales a las que ya realizó la Comisión Presidencial.

Para el próximo periodo, la Cámara tiene como lista inicial de pendientes 10 asuntos, que incluyen, entre otros, la reforma electoral y la reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas, así como las minutas que el Senado envió el último día del periodo de sesiones ordinarias.

Después de que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la iniciativa se enviará a mediados de enero, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, finalmente señaló que no habría tiempo para abordarla en un periodo extraordinario –como planteó él la semana pasada–, sino hasta el ordinario que se inicia en febrero.

“Empezaríamos a trabajarla en comisiones… y comenzaremos la discusión formal el primero de febrero, porque se ingresará por la Comisión Permanente, según sea la Cámara de origen que se decida… si es a la de Diputados, iniciaríamos reuniones amplias para deliberar las materias que se planteen”, precisó.

Algunos de los puntos que incluiría la reforma, dijo, ya los abordó la Presidenta, como cambios al esquema de representación proporcional, gastos con motivo de los procesos y el financiamiento a los partidos; o bien el funcionamiento de los órganos públicos locales electorales y los tribunales electorales.

“Obviamente, tendríamos que deliberar y debatir mucho, porque dentro del propio movimiento hay posiciones diversas, dentro de nuestros aliados”, resaltó.

En la lista de temas pendientes se encuentran las minutas que el Senado envió de reformas al Código Penal Federal en materia de abuso sexual, así como de delitos en contra del medio ambiente, que se devolvió con cambios para precisar que no se perseguirá la extracción de madera para cocinas tradicionales.

La Cámara también espera que el Senado vote en febrero la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para regular la figura de “jueces sin rostro”, que se encargarán de casos de delincuencia organizada.