Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) discuten al menos una veintena de temas, entre otros, alternativas frente a la baja participación ciudadana en elecciones.

El resultado de este análisis será presentado el mes próximo a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral; sin embargo, tras la primera sesión de análisis no hubo avances, dijeron fuentes consultadas.

Entre los “dilemas” centrales se encuentra sancionar la negativa de los ciudadanos a ser funcionarios de casilla, aunque este es un tema en el que los consejeros advierten más riesgos que beneficios, lo mismo que sólo colocar incentivos para este trabajo.

“Algunas consejeras y consejeros establecen que no es viable la propuesta, en virtud de que se considera que no existe una justificación o precepto que regule dicha sugerencia en la ley (…), aunado a que podría afectar las libertades ciudadanas y que no solucionaría el problema”, se lee en el documento base para el estudio.

Al respecto, la Dirección de Capacitación Electoral, responsable de localizar a los potenciales funcionarios de casilla, advirtió que no es viable ni recomendable sancionar porque se pondría en riesgo la legitimidad y confianza en la autoridad electoral; un camino es buscar mecanismos que incentiven la participación “aunque esto genera un impacto financiero”.

En otro punto, relacionado con las prerrogativas a candidatos, particularmente los tiempos de radio y televisión, se propone revisar la redacción de lo establecido en la Constitución, debido a que hay un nuevo elemento: las candidaturas a jueces, magistrados y ministros.

Algunos consejeros lo consideran innecesario, porque la Carta Magna ya lo prevé, aunque otros advierten que lo ideal sería que el Legislativo defina el particular, sobre todo cuando los procesos de las elecciones de los tres Poderes de la Unión se realizan de manera simultánea.

Actualmente, la Constitución sólo prevé la administración de 48 minutos al día para las contiendas del Ejecutivo y el Legislativo, de ahí la pertinencia de revisar el modelo de comunicación política.

En el “dilemario” o lista de temas a debatir entre los consejeros, se incluyeron otros de la elección judicial, en especial cuando el que ganó resulta no elegible y se debe determinar, en su caso, quién ocupará ese cargo.

Aparte, como divulgó este diario, está en la mesa de análisis de los consejeros determinar los alcances de las instancias que pueden financiar campañas proselitistas, lo cual impacta en los secretos bancario, fiduciario y fiscal, pero sobre todo establecer los candados para evitar ilícitos y sus consecuencias electorales.

En tanto, integrantes de la Asociación Mexicana de Magistrados Electorales Locales se reunieron con Pablo Gómez, presidente de la comisión presidencial para esta reforma, quien “suscribió el compromiso de presentar una propuesta de iniciativa en materia de tribunales electorales”, afirmó el grupo encabezado por Vladimir Gómez Anduro, presidente del Tribunal Electoral de Sonora, quien también sostuvo un encuentro con Gilberto Bátiz, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.