La jueza Diana Selene Medina Hernández suspendió la audiencia de imputación –programada para hoy– en contra de María Casar López, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en la que se le acusaría de ser presunta responsable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, en la hipótesis de haber incurrido en la promoción ilegal de una autorización de contenido económico, mediante la cual habría obtenido en 2004 una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por esa razón, también se canceló la comparecencia en la que se imputaría el mismo delito a dos ex funcionarios de Pemex, aunque bajo la hipótesis de haber participado en la autorización y promoción del pago de una pensión de 125 mil pesos mensuales, otorgada desde octubre de 2004. Ello, debido a que supuestamente dicho beneficio sólo procedía en caso de que el trabajador hubiera fallecido por accidente laboral, mientras en este caso se concluyó que se trató de un suicidio.

Formalmente, la jueza Medina Hernández ordenó “devolver” la solicitud de audiencia inicial a la Fiscalía General de la República (FGR), “en la inteligencia de que se dejan a salvo sus derechos para que la presente ante la autoridad que conoció los hechos, por los que se instruye la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEDHCAE-CDMX/0000221/2024”.

Así, el expediente, en caso de que el Ministerio Público Federal decida continuar con el procedimiento de imputación, quedará en manos de un juez con sede en el Reclusorio Norte, ya que en junio de 2024 el juez Gerardo Alarcón López autorizó la práctica de dos diligencias relacionadas con este caso.

Un dato relevante es que, en la lista de audiencias del Reclusorio Oriente, hasta las 12:30 horas de este lunes, la diligencia seguía programada, pese a que la decisión judicial –de la cual La Jornada posee copia– fue firmada electrónicamente por la jueza Selene Medina Hernández y quedó registrada en el sistema del Poder Judicial de la Federación (PJF) el pasado 13 de diciembre.

Originalmente, la audiencia estaba programada para hoy, 16 de diciembre, a las 16 horas, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, como parte de la causa penal 478/2025, luego de que el expediente fue puesto a consideración del Poder Judicial el 17 de septiembre pasado, cuando el titular de la FGR era Alejandro Gertz Manero.

La decisión de suspender la audiencia fue firmada electrónicamente a la 1:53 horas del sábado pasado, según documentos del PJF, un día después de que La Jornada informó en exclusiva que se había programado la imputación en los juzgados del Reclusorio Oriente contra los tres presuntos responsables: María Amparo Casar y los ex funcionarios de Pemex Miguel Ángel Feijóo y Teresa Maldonado Ordóñez.

“Lo anterior, con la finalidad de no someter los hechos en cuestión a diversos juzgadores, toda vez que los asuntos relacionados deben turnarse al que haya conocido previamente de las audiencias atinentes a la etapa de juicio. Por ello, si existe conocimiento anterior de algún juez de control, independientemente del Centro de Justicia de su adscripción, le corresponde continuar con la tramitación del asunto”, señala la resolución de Medina Hernández.

En su fallo, la impartidora de justicia instruyó a la administración del Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) del Reclusorio Oriente a que “realice la baja administrativa y las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como las gestiones necesarias para dejar sin efectos la audiencia señalada para las 16:15 horas del 16 de diciembre de 2025”.

El resolutivo también “advierte una falta de diligencia en el actuar” por parte del CJPF del Reclusorio Oriente y “conmina a la administradora adscrita a este órgano jurisdiccional para que, en lo subsecuente, evite incurrir en ese tipo de omisiones injustificadas, en detrimento de los justiciables, pues, en caso de reiterar esa conducta contumaz, se dará vista al Órgano de Administración Judicial para que adopte las medidas necesarias”, al considerar que, desde el momento en que se autorizó y programó la audiencia de imputación, el caso debió turnarse a un juzgador con sede en el Reclusorio Norte.

Esta decisión del PJF de suspender la audiencia –en lo que respecta a la fecha del 13 de diciembre– coincide con la postura dada a conocer ese mismo día por la FGR a través de su cuenta en la red social X, a las 8:38 horas, en la que la institución ministerial afirmó que “es absolutamente falso que trabaje por consigna”, como dolosamente se señaló en cuentas de Facebook y X.

En el mismo mensaje, la FGR puntualizó que, de manera institucional, “analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada”, luego de que la carpeta de investigación se inició en 2024.