Tras el desalojo del inmueble ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, la fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama aseguró que los animales que se alojan ahí permanecerán bajo su resguardo y, tras una valoración médica, serán trasladados a otro albergue. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre las peticiones del Refugio Franciscano, entre ellas el ingreso de sus cuidadores y el destino final del predio.

En entrevista, la presidenta de la fundación, Carmela Rivero, explicó que el convenio firmado ante el Tribunal Superior de Justicia establecía que la parte actora asumiría la construcción de un Centro de Bienestar Animal en un terreno propuesto por el propio Refugio Franciscano, ubicado en Texcoco, siempre y cuando éste acreditara la propiedad del predio y entregara la documentación legal y los permisos necesarios.

“Nosotros presentamos el anteproyecto para que los peritos lo validaran en función de las preferencias que el refugio tenía, pero sus representantes nunca se presentaron en las audiencias”, explicó. La situación prolongó el litigio durante años hasta que, al final derivó en la ejecución de la sentencia por el incumplimiento de la parte demandada.

Para documentar las condiciones del refugio fue necesario atravesar un filtro de acceso y atravesar una reja asegurada con cerrojos. Al cruzar, el escenario fue un patio lleno de canes que viven como reclusos, entre jaulas oxidadas, patios saturados y pisos de concreto deteriorados cubiertos de heces y orines. Todos eran mal alimentados con pan remojado en agua, por lo que fue necesario adquirir “200 toneladas de croquetas”.

En los drenajes colapsados se observó fauna nociva y un entorno con hedor persistente y el ruido excesivo de ladridos. Martín Rocha, coordinador del área médica, explicó que 30 veterinarios están encargados de rehabilitar el lugar y manejar la sanidad: “El problema es que tenemos perritos con enfermedades infectocontagiosas como sarna, moquillo, parasitosis y toxoplasmosis”, lo que evidenció el nivel de abandono que sufrían.

En el lugar se contabilizaron 759 animales –entre ellos, 30 gatos–, cifra menor a los más de mil ejemplares que reportaba la organización desalojada; la discrepancia, señalaron, obedece a un padrón inflado, mientras el censo oficial de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) aún no concluye.