El contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de liderar una banda integrada por integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) en activo y en retiro, dedicada al tráfico de cantidades de combustible a través de buques procedentes de Estados Unidos, señala en su apelación a la orden de aprehensión y posterior de vinculación a proceso que los delitos que se le imputan se formularon mediante pruebas obtenidas de manera ilícita.

Asimismo, deplora que el Ministerio Público Federal no integró las mismas que acrediten su participación en la banda, en la cual también están involucrados empresarios y funcionarios de Aduanas.

En el documento, del cual posee copia La Jornada, el contralmirante refiere que Nancy Selene Hidalgo Pérez, jueza de distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez, estado de México, incurrió en omisiones al dictar la orden de aprehensión, pues permitió que su decisión se ajustara en la obtención ilícita de información financiera sin autorización judicial y que ésta fuera utilizada por el Ministerio Público Federal, violando diversos ordenamientos nacionales e internacionales.

En la acusación de la FGR se da cuenta de la obtención de información financiera del periodo 2018-2025, durante el cual el acusado recibió “hasta más de 20 Cfdis (Comprobante Fiscal Digital por Internet) en un solo día”, los cuales registraron movimientos que llegaron a superar un monto de un millón 300 mil pesos, y la aportación a una póliza de seguro por un monto de 11 millones 135 mil 981 pesos”.

En la apelación se señala que la juzgadora “omitió justificar en qué consistían las funciones de dirección; cuáles fueron los actos desplegados por el quejoso; con base en qué datos de prueba asumió que la responsable (él) éste ejercía funciones de dirección; y en suceso, quiénes eran las personas subordinadas a dichas órdenes”.

Además, puntualiza que al dictar la resolución no se aportaron pruebas concretas en cuanto al “uso de influencias personales por parte del quejoso (él), ya que no justificó con base en ningún medio de prueba dicha circunstancia”.

La defensa de Farías Laguna (sobrino político del ex secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán), también cuestiona, tanto en la apelación como en el recurso de amparo promovido ante el juzgado décimo primero de distrito en materia penal con sede en la Ciudad de México, que en la orden de aprehensión tan sólo 10 por ciento “corresponde con argumentos y razonamientos que fueron emitidos por la jueza responsable a fin de sustentar dicho acto de autoridad. Es indicador de la falta de fundamentación y motivación adecuada”.

Actualmente, Farías Laguna está preso en el Cerefeso número 1, mientras que su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, a quien también se le acusa de pertenecer al llamado huachicol fiscal, está prófugo.

Hasta el momento, 14 integrantes de la red de corrupción han sido detenidos y sujetos a proceso penal.