La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerrará hoy el primer periodo ordinario de sesiones de su nueva integración, en el que resolvió miles de asuntos heredados por el anterior pleno, pero iniciará 2026 con cerca de mil 500 expedientes aún por resolver.

Entre los asuntos destacan casos de alto impacto, como la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, el doble cobro de impuestos en aduanas, reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador –Ley de Aeropuertos, IMSS-Bienestar y Ley General de Salud–, así como decretos como el de los “autos chocolate”, las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el último juicio fiscal de Ricardo Salinas Pliego ante el alto tribunal.

Cifras del alto tribunal, al 30 de noviembre pasado, señalan que habían pendientes de resolver mil 491 asuntos, una gran parte de amparos directos en revisión (342), amparos en revisión (267), amparos directos (60), controversias constitucionales (259), acciones de inconstitucionalidad (176) y dos expedientes sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales, entre otros.

Sobre estos asuntos ya hay proyectos que comenzarán a resolverse a partir del 5 de enero, fecha en que la Corte regresa de su receso.

Entre ellos están los elaborados por el ministro Irving Espinosa Betanzo y la ministra Loretta Ortiz Ahlf, programados para su discusión el próximo 6 de enero, en los que se analizan impugnaciones contra las leyes del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, de Aeropuertos y de Aviación Civil, así como la Ley General de Salud que dio origen al IMSS-Bienestar.

También se destaca la impugnación a la Ley de Aeropuertos, en la que la ministra Loretta Ortiz propone declarar infundados los señalamientos de legisladores de oposición, quienes señalan una militarización del sector y violaciones al debido proceso por permitir a la Secretaría de la Defensa Nacional operar aeropuertos y la aerolínea Mexicana de Aviación.

Por su parte, el ministro Irving Espinosa también plantea desechar los reclamos contra la ley del magisterio, al considerar que la norma cumple con el mandato constitucional y busca fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, en particular a las escuelas normales.