ace unos días asistí a la reunión Voces de madres e historias de resistencias, del Movimiento de Víctimas del Régimen de El Salvador (https://tinyurl.com/3xtyb2bu). Ellas compartieron testimonios estrujantes sobre sus hijos, menores de edad e inocentes, encarcelados arbitrariamente bajo el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele. Hablaron de jóvenes a quienes se ha dejado morir por enfermedades y falta de alimentos, y a pesar de que sus familiares se encargan día tras día de conseguirles comida y medicamentos, ni siquiera saben si se los van a entregar. A veces ni saben si siguen vivos. Dicen que el régimen deja morir a presos para asegurar que no salgan a testificar acerca de lo que ocurre adentro de las cárceles.
En un programa reciente en el cual también participé, Ana Miranda, del grupo de Los Verdes y vicepresidenta del Parlamento Europeo, dijo que “se ha producido una represión absoluta en el Estado de El Salvador y hay un cierre del espacio cívico (…) bajo la mirada de seguridad del presidente Bukele”. Según Miranda, “cuando las fuerzas progresistas del Parlamento Europeo denuncian la represión en El Salvador, quienes salen a defender a Bukele son los grupos de extrema derecha” (y) “algo tiene que ver, con todo lo que está pasando en estos momentos en el mundo, en la geopolítica, y en la vulneración de derechos humanos, la influencia de Trump”.
Por su parte, la abogada Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), quien tuvo que exiliarse en México debido a persecuciones políticas, destacó que el segundo mandato de Bukele es inconstitucional, y que cuando personas defensoras de derechos humanos elevan la voz, el gobierno responde criminalizando y encarcelando a una gran cantidad de personas. “Tenemos no menos de 20 compañeros que, en cuestión de meses, han ido a parar a las cárceles, entre ellos sindicalistas, integrantes de la Alianza El Salvador en Paz, líderes de la comunidad El Bosque, que defienden la tierra, la abogada Ruth Eleonora López, el abogado Enrique Anaya y los defensores ambientalistas de Santa Marta”. Manifestó que SJH tiene documentadas al menos 468 personas fallecidas en cárceles; muchas muertes, por negación de tratamiento médico; así como 20 mil personas en desaparición forzada.
En el mismo programa, Peter Nataren, joven ambientalista de la comunidad de Santa Marta, dijo que “una de las prácticas del régimen es sacar a personas que son liderazgos históricos y han sido emblemáticos en la lucha contra la explotación minera en el departamento de Cabañas; sacarlos de su rol fundamental que es guiar a la gente a defender sus territorios y su agua” (ver video en https://www.youtube.com/live/cwIj7PAKHkQ).
He aquí la conexión entre la barbarie represiva y los intereses usureros, de la sed por el oro, que alcanza precios récord este 2025. Nayib Bukele advirtió desde hace años sobre el gran potencial de depósitos de oro en el país, que él describe como un “gigantesco tesoro puesto por Dios bajo nuestros pies”, para imponer su voluntad de reactivar la minería metálica en el país.
Desde organizaciones que forman parte de los Aliados Internacionales frente a la Minería en El Salvador, se organizó una declaración publicada el pasado 1 de diciembre: “153 organizaciones religiosas de 25 países en apoyo al pueblo salvadoreño y a sus líderes e instituciones religiosas en su lucha por preservar la histórica prohibición de la minería de metales en El Salvador, pionera a nivel mundial” (ver declaración completa en IPS: https://tinyurl.com/2pe888pc).
Revelando la ignorancia que tiene Bukele sobre las cosas de Dios, las organizaciones firmantes, procedentes de diversas estructuras eclesiásticas (en representación de iglesias y organismos relacionados a nivel local, regional y nacional) expresan “nuestro firme apoyo al pueblo de El Salvador y a sus instituciones y líderes religiosos que luchan por mantener la prohibición histórica de la minería de metales en su país, vigente desde 2017 hasta 2024, para que todos los salvadoreños puedan disfrutar del derecho que Dios les ha concedido al agua potable. Nos solidarizamos con líderes cívicos y religiosos siendo perseguidos y encarcelados por luchar contra las injusticias, incluida la devastación que la minería de metales causaría en sus comunidades”.
Las organizaciones de fe explican cómo comunidades religiosas salvadoreñas desempeñaron un papel fundamental en lograr la prohibición de la minería de metales en su país, mediante la primera ley en su tipo a nivel mundial. Y dicen que “la oposición pública a la minería de metales sigue siendo tan fuerte como en 2017”, citando una encuesta realizada en diciembre de 2024 por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, una institución jesuita muy respetada, que reveló que tres de cada cinco salvadoreños creen que el país no es apto para la minería de metales. Además, cientos de miles de salvadoreños continúan sin acceso a agua potable y muchos pasan días sin agua debido a la escasez y la contaminación de ríos, lagos y arroyos, que se vería agravada por la minería. Sin embargo, en diciembre de 2024, el gobierno de El Salvador revocó abruptamente la prohibición y aprobó rápidamente una nueva ley que permite la minería sin apenas debate y sin garantías medioambientales o sociales.
Con autoridad moral, dicen que “inspirados por las enseñanzas cristianas que reconocen el agua y la naturaleza como un don sagrado de Dios, y reafirmados por el papa Francisco en Laudato si’, nos hacemos eco del llamamiento de los líderes de la Iglesia salvadoreña de que la reintroducción de la minería agravaría las amenazas medioambientales y humanitarias”. Crece así el llamado mundial para que Bukele ponga fin a la persecución y criminalización de personas defensoras del agua y de los derechos humanos.
*Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)
