no de los temas más discutidos recientemente en redes sociales es el aumento del impuesto a los videojuegos. Llama la atención el impacto que esta decisión está causando en las millones de personas seguidoras de dicha diversión. El argumento es que el 8 por ciento de impuesto adicional a las series catalogadas como violentas, pretende disminuir la generación de violencia entre los llamados gamers (jugadores).
Continúa la discusión sobre si la medida es justa o no. La decisión que ha tomado el gobierno actual de la 4T tiene sus puntos de vista, aunque queda mucho por discutir ya que, al parecer, no se han tomado en cuenta los criterios de los asiduos a estos juegos, hombres y mujeres en general, quienes, argumentan ser mayores de edad y difícilmente se verán influenciados para cometer actos de violencia motivados por algunas de las series clasificadas como peligrosas.
Nuestra opinión es que el análisis para catalogar a todos los juegos como motivadores de violencia, definitivamente, tendrá que ser más riguroso y sin dejar ningún aspecto fuera de la discusión. Son muchas las vertientes que tendrán que observarse, pues la parte social constructiva de dichos juegos no se ha discutido a fondo, únicamente, se han fijado los señalamientos negativos.
Sabemos que la violencia en México ha sido un problema ancestral. Sin embargo, a partir de las décadas gobernadas por la política neoliberal, la calidad de vida se deterioró, la violencia aumentó y las redes sociales y familiares sufrieron cambios negativos. Ahora, la nueva etapa de la vida política del país, pese a los permanentes y múltiples ataques por parte de la oposición, la corrupción y la violencia generada por esta patología social, van disminuyendo, tal vez no con la velocidad que deseamos, pero van descendiendo los niveles de crímenes.
La delincuencia e impunidad arraigadas por la profunda corrupción que hemos padecido tendrá que desaparecer en una transición social que, desde el sexenio pasado y lo que va del actual, ha venido estimulándose.
Cualquier intento por bajar los índices de violencia de todo tipo es válido. Cualquier esfuerzo por liberar a la población del constante asedio de las mafias locales y nacionales, es una responsabilidad tanto del gobierno como de la sociedad misma, que debemos asumir conscientemente.
No obstante, nos preocupa que la percepción de la población respecto a la libertad de expresión, de diversión y esparcimiento, esté siendo violentada por el propio gobierno que ha manifestado ser defensor y respetuoso de los derechos de la población en dicho ámbito.
Promover y decretar un impuesto extra de 8 por ciento a los videojuegos, presuntamente generadores de violencia, podría considerarse como una agresión a los millones de personas que buscan la convivencia, la solidaridad, incluso la identidad con otros jugadores y jugadoras no sólo del país, sino de otras partes del mundo. Esta manifestación de interacción, tal vez no se ha analizado a fondo.
Estamos de acuerdo en que la violencia queda de manifiesto en muchos de estos videojuegos. No podemos avalar la destrucción y mutilación de los contrincantes en el juego, en efecto, eso no es nada gratificante. Tampoco coincidimos en que las acciones sanguinarias deban ser motivo de diversión. Pero, la otra parte que involucra a millones de gamers en encuentros virtuales y pacíficos con otros contrincantes de cualquier parte de su ciudad, país, o incluso, de otros continentes, es una acción positiva a la que, consideramos, debe estimularse y no sancionarse así como así.
Hacemos hincapié en que, gracias al trabajo actual de la Secretaría de Seguridad, junto con otras entidades similares, la estrategia para neutralizar y finalmente acabar con los focos de violencia, están siendo exitosos y estamos en la disposición de colaborar con nuestro granito de arena. Es por ello que no estamos de acuerdo en que se estigmatice a los videojuegos como diversión destructora y productora de generaciones de gente violenta y criminal. Pero, además, debe tomarse en cuenta que la gran mayoría de usuarios de videojuegos con cierto grado de violencia son mayores de edad, quienes difícilmente serán influenciados por algunos de los personajes de dichos juegos.
No queremos que la diversión sana y moderada de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas sea un asunto menor. La estigmatización de catalogar de violentos a los videojuegos nos recuerda la otra acusación con pocos argumentos claros que sufrió la industria nuclear. La supuesta destrucción ambiental generada por el uranio y otros elementos lo coloca en la mira de los falsos ambientalistas quienes no se han enterado que la energía nuclear es una de las mejores y más limpias que tenemos en la actualidad.
Esperamos que se analice a fondo el asunto de la violencia, no sólo la supuesta generada por los videojuegos, sino también, las otras, la política, la religiosa y la cultural.
(Colaboró Ruxi Mendieta)
Para Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, la justicia llegará
