Domingo 14 de diciembre de 2025, p. 24
Ante las negociaciones que realizan funcionarios del gobierno de la ciudad con Luis Linares Castro y Efrén Ibáñez Olvera, habitantes de Milpa Alta, para “imponer la línea 6 del Cablebús”, la comunidad aclaró que ellos no son los representantes generales. Sus cargos, tras la muerte de Julián Flores, es de suplentes y sólo del pueblo al que pertenecen.
Desde varios puntos de la demarcación, los pobladores señalan que no tener una representación general de bienes comunales no quiere decir que sus derechos agrarios no deban ser respetados, al igual que las tierras, porque todas las decisiones se deben tomar ante una asamblea de comuneros.
Ayer, las Sembradoras Momoxcas reconocieron que “Milpa Alta no cuenta con dicha representación; por ello, alertaron de que Linares e Ibáñez han intentado ocupar los cargos simulando una asamblea.
Sin embargo, la pretensión de estos hombres fue desechada por el Tribunal Unitario Agrario porque al intentar meter el escrito se les rechazó y apagó “las espurias pretensiones de estos personajes perversos y corruptos con quien la autoridad se ha estado reuniendo”.
Asimismo, denunciaron que Linares agredió a una de sus compañeras durante el reclamo que se hizo en la Coordinación Territorial de San Francisco Tecoxpa por querer organizar una consulta para aprobar el transporte a puerta cerrada.
Las mujeres exigieron a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, realizar procesos transparentes, públicos y vinculantes “porque ningún proyecto debe avanzar sobre la sombra del silencio”. Asimismo, reiteraron que en tierras comunales “son las y los comuneros quienes por derecho deben autorizar el uso, fin y disfrute de los predios y cualquier proyecto que se realice en el territorio es ellos a quienes primero se les debe informar adecuadamente”.
Responsabilizaron a Eduardo Maya, director ejecutivo de la Casa de Gobierno en Milpa Alta; José Iván Macías, subdirector administrativo de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana; Rafael Castelán, asesor externo de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, de propiciar la fractura del tejido social.











