El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rafael Guerra Álvarez, afirmó que la consolidación de reformas como la del Poder Judicial y la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ha representado un fortalecimiento para la impartición de justicia en la Ciudad de México.

Al rendir su cuarto informe de actividades –acompañado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, así como el presidente de Congreso local, Jesús Sesma, y en representación de la jefa de Gobierno, Juan Pablo de Botton–, comentó que se sentaron las bases para la modernización del Poder Judicial y que han logrado avanzar en 87 por ciento del plan institucional 2022-2025, con la optimización de recursos, lo que permitió ahorrar 160 millones de pesos.

“La transformación del sistema judicial en México avanza con firmeza y la Ciudad de México se ha colocado a la vanguardia en la implementación del código nacional de procedimientos civiles y familiares. Desde la declaratoria de vigencia emitida en agosto de 2024, esta casa de justicia inició un proceso progresivo responsable y técnicamente sólido para transitar del modelo escrito tradicional hacia un sistema oral y digital.”

Señaló que por medio de la reforma al Poder Judicial los ciudadanos eligieron a los juzgadores a través de la insaculación, lo que dio entrada a la creación del Órgano de Administración Judicial y a la instalación del Tribunal de Disciplina, que ya celebró su primera sesión pública.

Destacó los avances para la ley general de mecanismos alternativos, la incorporación de la justicia laboral, así como la de herramientas como las guías de valoración de la prueba pericial y de audiencias penales, entre otras.

En justicia civil y familiar, se comenzaron a usar mecanismos que hace poco parecían inalcanzables, como módulos de apoyo, asesoría gratuita y estructuras digitales para atender casos.