La Fiscalía General de Justicia (FGJ) ha logrado el aseguramiento de 3 mil 754 armas de fuego, desde cortas, largas y hasta de uso exclusivo de las fuerzas armadas que están relacionadas con delitos de alto impacto entre 2019 y 2025, según datos proporcionados vía transparencia.

La autoridad ministerial no precisó los calibres ni las características de los pertrechos; sin embargo, en algunos casos fueron por secuestro, narcomenudeo y “en asuntos relevantes”, sin dar más detalles. Muchas de ellas fueron puestas bajo el resguardo de la bodega de indicios, por lo que la dependencia indicó no tener información detallada de cada una.

Según los datos, la Fiscalía para la Atención al Delito de Secuestro reportó el aseguramiento de 78 armas, mientras en la Fiscalía Central de Investigación existen registros de 632, de las cuales seis son largas.

La fiscalía de narcomenudeo reportó 642 armas decomisadas, mientras por asuntos relevantes las autoridades registraron 101.

Uno de los datos destacables es que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Adolescentes aseguró 90 armas, sin especificar calibres.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) puso en reserva toda la información referente a la venta ilegal de armas en la capital, así como las zonas donde se ha detectado dicha comercialización en esos seis años.

Información obtenida por ambas dependencias vía transparencia refiere que sí existe registro, investigaciones, y hallazgos realizados en materia del flujo de armas de fuego que ingresan a la capital y que son comercializadas incluso por Internet.

Por la Plataforma Nacional de Transparencia se solicitó el número de reportes o denuncias ciudadanas, carpetas de investigación, así como la cantidad de páginas, perfiles, usuarios, grupos o comunidades donde se ha detectado su venta.

Al respecto, la SSC indicó que dicha información fue analizada y se determinó la “clasificación de información en su modalidad de reservada” por parte de la Dirección General de Evaluación, Planeación y Supervisión Estratégica dependiente de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, pues su publicación representa un riesgo “real, demostrable e identificable” para las personas que transitan la ciudad, además de que afectaría al programa Sí al Desarme, Sí a la Paz.