Morelia, Mich., El agua que consumen comunidades de municipios como Hidalgo, Zinapécuaro y Maravatío, ubicadas en las cercanías del Cerro de San Andrés, en la zona aledaña a la planta geotermoeléctrica Los Azufres, está contaminada, aseguraron investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), así como de instituciones especializadas en ciencia y tecnología. Indicaron que en algunas regiones el daño es mínimo, en otras es considerable y en unas más ese líquido no se debe ingerir, pues contiene minerales como mercurio, boro, arsénico, plomo, aluminio y estroncio, entre otros.

Por su parte, autoridades tradicionales de poblaciones purépechas, nahuas y mazahuas como San Pedro Jacuaro y San Matías, del municipio de Hidalgo, afirmaron que 20 por ciento de los habitantes padece enfermedades renales.

Añadieron que otros pueblos originarios como San Isidro y San Lucas han sufrido desde hace décadas serios problemas por la contaminación de pozos y manantiales, que de 30 años a la fecha ha provocado las muertes de decenas de personas, pero los tres órdenes de gobierno han hecho poco por frenar esta situación, que dirigentes de origen indígena atribuyen a los efectos de la geotermoeléctrica.

“Hemos recurrido a diferentes autoridades de todos los niveles, a mi hija le tuvimos que trasplantar un riñón, que no funcionaba bien sin medicamentos, y conocemos personas que han perdido tres y cuatro hijos por deficiencia renal. Ante esta situación, presentamos varias denuncias que no tuvieron respuesta”, afirmó Pedro Nieto, autoridad comunal de San Pedro Jarácuaro, municipio de Hidalgo.

En entrevista, recordó que todo comenzó en 1978, cuando inició la exploración de los primeros pozos para la geotermoeléctrica, que comenzó a operar en 1982. Luego de una década, aproximadamente, se registraron los primeros casos de insuficiencia renal.

“Había que ir hasta Morelia para atender a los enfermos, años después instalaron un equipo de diálisis en Ciudad Hidalgo, que pronto resultó insuficiente, sin contar que quienes lo atendían no estaban bien capacitados. Algunos llevaron a sus enfermos a Guadalajara (Jalisco)”, enfatizó Nieto.

Entonces se interpusieron las primeras denuncias, e incluso el gobierno estatal realizó estudios a tierras y aguas en dos ocasiones, pero nunca dieron a conocer los resultados a las comunidades.

En 2021, el pueblo San Isidro Alta Huerta, del municipio de Hidalgo, presentó una denuncia ante la Procuraduría Ambiental de Michoacán en contra de quien resultara responsable por la polución en el agua. La respuesta llegó en mayo de 2022, cuando se instalaron mesas de trabajo encabezadas por la Secretaría de Medio Ambiente estatal, en las que participaron autoridades de salud y agua, entre otras, lo mismo que representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en torno a las demandas por la contaminación generada por la planta geotermoeléctrica Los Azufres.

La CFE se negó a ofrecer los resultados de la mesa de trabajo a las localidades perjudicadas, que inicialmente no estuvieron presentes en ese organismo.

“Semanas después le pedimos a la UMSNH que llevara a cabo la investigación para terminar con este problema que ha costado las muertes de muchas personas, más de las que imaginamos”, subrayó Nieto.

En octubre de 2023, con el apoyo del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación y del hoy disuelto Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), se implementó un proyecto de investigación que concluyó hace apenas unas semanas, cuyos resultados se presentaron el 2 de diciembre pasado en el auditorio del Museo Regional de Michoacán.

El geólogo Pedro Corona dijo que se presentaron resultados químicos del agua, pero además se dejó en evidencia la forma en que la CFE maneja erróneamente los residuos que contienen químicos venenosos.

Comentó que la CFE argumenta que la geotermoeléctrica está legitimada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además que cuenta con una licencia ambiental única, y tiene un laboratorio para monitorear la calidad de las aguas residuales periódicamente.

“Comprobamos con estudios detallados que hay pruebas de daños en las diferentes zonas afectadas, y confirmamos que el agua que utilizan para el enfriamiento del sistema geotérmico contiene metales de montaña que remueven los mantos freáticos y que van a dar a las ollas de almacenamiento, tuberías, y finalmente a las poblaciones cercanas, que han violentado derechos humanos y derecho a la vida”, afirmó el especialista, que es doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Milán, Italia.

En tanto, autoridades comunales de los municipios de Hidalgo, Zinapécuaro y Maravatío demandan que los responsables de la contaminación de manantiales y pozos paguen por los gastos médicos de los enfermos renales, y que entreguen pensiones a los familiares de personas fallecidas. Igualmente, exigen que se corrijan de inmediato los daños ambientales ocasionados.