Toluca, Méx., El secretario de Finanzas del estado de México, Óscar Flores Jiménez, afirmó que es “complicadísimo” cancelar o rescindir los contratos que las administraciones pasadas firmaron con particulares para el mantenimiento de vialidades y carreteras, bajo los esquemas de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público-Privadas (APP), que representan un gasto anual superior a los 2 mil millones de pesos para la entidad.

El funcionario aseveró que una operación de este tipo es inviable jurídica, administrativa y financieramente debido a la redacción que blinda los acuerdos; lo anterior a pesar de que los diputados de Morena y PT han solicitado finalizarlos.

No obstante, Flores Jiménez dijo que hay mesas de trabajo con especialistas para ver de qué forma se puede llegar a un resolución con los concesionarios para disminuir los pagos o el plazo de los convenios sin que sea oneroso para la hacienda estatal.

Servicios por 25 años

En 2010, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se firmaron los contratos de PPS para que una empresa le diera mantenimiento a las vialidades y carreteras por 25 años, y se paga una contraprestación mensual para que estén en óptimas condiciones.

Sin embargo, una cláusula señala que si dichas vías de comunicación sufren alguna alteración la firma ya no le podrá dar mantenimiento y conservación.

De las 56 vialidades que se incluyeron sólo 10 son atendidas, el resto tiene alguna modificación por la introducción de postes, líneas de drenaje o cableado.

En reunión con el secretario de Finanzas para discutir el paquete fiscal 2026, la diputada petista Ana Yurixi Leyva Piñón pidió hacer algo “para no seguir regalando el dinero a esas compañías”.

“Son 78 millones de pesos al mes que se le paga a la empresa de PPS Carretero y 150 a la concesionaria de la APP de los Caminos del Sur. Esto no puede seguir así. Basta recorrer las calles para ver su deterioro y el de las carreteras”, criticó la legisladora.

Dijo que en todo el país se han firmado alrededor de 77 compromisos de PPS o APP, y en ningún caso se pusieron cláusulas como las de “no disponibilidad” que se incluyeron aquí. “No sé porque en el estado de México se permitieron esos contratos”, recalcó.