Diputada promueve protección laboral
La zona aguacatera genera ingresos equivalentes al presupuesto anual del estado, pero los peones del campo ni seguro social tienen, denuncia la legisladora Fabiola Alanís
Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 22
Morelia, Mich., Es paradójico que en zonas de mayor producción y exportación de limón, aguacate y berries como el valle de Apatzingán y regiones de Uruapan y Zamora, sea también donde se concentra de manera considerable la violencia y la de-sigualdad social, acusó la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del estado, Fabiola Alanís Sámano.
En el valle de Apatzingán se producen al año cerca de un millón de toneladas de limón, que genera ingresos anuales de al menos 50 mil millones de pesos; mientras en 67 municipios de Michoacán, en una superficie de 180 mil hectáreas, se cultivan aproximadamente 2 millones de toneladas de aguacate, lo que deja una derrama de 100 mil millones de pesos al año, cantidad similar al presupuesto anual de la entidad, apuntó la también coordinadora de la bancada morenista del Congreso local.
No obstante lo anterior, apenas 10 por ciento de las ganancias las reciben los trabajadores que laboran en la producción y corte de la fruta.
“Por mucho, en este sector se observan los altos niveles de explotación y de distribución desigual de la riqueza, y no es menor porque lo que genera este cultivo en un año es el equivalente al presupuesto anual de la administración de Michoacán, poco más de 100 mil millones de pesos, entre el sector exportador y el mercado interno”, precisó.
La legisladora de Morena señaló que las condiciones adversas son las mismas en las áreas limoneras y en los campos de berries de Zamora y Los Reyes, donde la mayoría de trabajadores son mujeres. “Casi nadie tiene garantías laborales, porque en Michoacán de los 490 mil afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sólo 5 por ciento son jornaleros agrícolas”.
En los tres años recientes, el gobierno del estado y autoridades federales del IMSS han tratado que los productores de aguacate y berries, principalmente, otorguen esta prestación a los trabajadores, incluso se habló del tema con directivos de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, quienes estuvieron de acuerdo, pero la respuesta ha sido lenta, a decir de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán.
Alanís Sámano admitió que en este rubro ha habido “una omisión, una falla y una ausencia de regulación”. En tribuna del recinto legislativo local, Alanís Sámano presentó el posicionamiento de la bancada guinda a favor de que se genere el marco jurídico al respecto, e hizo un llamado a los productores a fin de que otorguen derechos laborales a los cultivadores, porque se trata de justicia social, y es el camino para reducir la brecha entre los que tienen mucho y los que casi no tienen nada.
Enfatizó que como diputada ha recorrido parte de la región de Tierra Caliente y ha constatado que entre los labriegos hay una alta cantidad de jóvenes que consumen droga sintética. “Se estima que 30 por ciento de personas menores de 28 años –y cada vez más mujeres– consumen estupefacientes, y muchos lo hacen para tolerar las numerosas horas de trabajo en el corte de limón y de otras frutas”.
La presidenta de la Jucopo explicó que en estas zonas altamente productivas, además de la desigualdad social, a los habitantes les preocupa la inseguridad y la violencia; pero sabemos que este problema se combate con la prevención y con acciones que vienen llevando a cabo los gobiernos federal y estatal, pero se requiere que todos los sectores de la sociedad se comprometan a realizar la parte que les corresponde.
Alanís Sámano, quien formó parte de la administración del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008) y del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), manifestó que si bien es cierto que han disminuido delitos de alto impacto en la administración de la morenista Claudia Sheinbaum, el de extorsión se ha incrementado 23 por ciento, por lo que los congresos local y federal aprobaron una ley para que este delito se persiga de oficio y se combata, pues es un problema que afecta a todos los sectores sociales, incluidos los productores de frutas.
