Guanajuato, Gto., El Congreso del estado avaló la reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para que el acoso sexual cometido por funcionarios sea una falta grave que se castigue con la separación del cargo o la inhabilitación.

A propuesta de la gobernadora panista, Libia García Muñoz Ledo, los diputados adicionaron el artículo 57 bis, que estipula: “cometerá acoso sexual el servidor público que con fines sexuales o lascivos, asedie, produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la persona, incluso si no existe una relación de subordinación”.

El apartado indica que se equiparan al acoso sexual los actos que impliquen violencia sexual en los términos del artículo 6, fracción V de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Explica que también comete esta falta quien realice actos de violencia sexual hacia otra persona que no sea servidora pública, valiéndose de su empleo en este sector.

Agrega que se castigará a quien permita, tolere o facilite la realización de conductas de acoso sexual, así como a quien grabe, reproduzca, fije, publique, ofrezca, almacene, exponga, envíe, transmita, importe o exporte imágenes, textos, sonidos o la voz de una persona funcionaria pública o no, sin consentimiento y con propósitos lascivos o eróticos.

En lo que va del año, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) recibió 23 denuncias por acoso sexual de mujeres que trabajan en cuatro dependencias estatales y en ocho gobiernos locales.

Del total de las acusaciones, 11 son de funcionarias estatales y 12 de municipales. La Prodheg investiga cinco casos en la Secretaría de Salud de la entidad, cuatro en la de Educación, uno en el Instituto de Seguridad Social estatal y otro en la Fiscalía General de la entidad.

Hay dos pesquisas contra autoridades del ayuntamiento de Yuriria, y se registran una en cada una de las siguientes áreas: Seguridad de Irapuato, gobierno de Salvatierra, Desarrollo Social de Celaya, Ordenamiento Territorial de Salamanca, en la Comisión del Deporte de Yuriria y en Desarrollo Social de San Luis de la Paz.

En lo que respecta al gobierno de León, Derechos Humanos recibió cuatro quejas por acoso sexual: en el Instituto de las Mujeres, Protección Civil, Seguridad y en el patronato de la feria.

La procuradora Karla Alcaraz Olvera emitió seis resolutivos de recomendación al director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Enrique de Haro Maldonado, porque el jefe de Comunicación de dicha dependencia acosó sexual y laboralmente a una subordinada.

La procuraduría comprobó que el funcionario Luis Arturo Hernández Olmos “omitió salvaguardar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia” al acosar a una subordinada.

El caso fue documentado en el expediente de queja 0648 del año 2024, en el que la funcionaria acusó a su jefe de hacerle comentarios referentes a su cuerpo e invitaciones a salir.

“Todas las conversaciones que sostuvimos por medios electrónicos fueron en un contexto de la relación de amistad, y sus expresiones fueron bromeando”, afirmó en su oportunidad Luis Arturo Hernández Olmos ante la Procuraduría de Derechos Humanos.

En sesión de Ayuntamiento, regidoras del PVEM y de MC solicitaron que el jefe de Comunicación sea destituido, pero De Haro Maldonado lo mantiene en el cargo.

En Guanajuato, el acoso sexual lo sanciona el Código Penal con penas de seis meses a dos años de prisión.