oviembre está echando toneladas de historia sobre la actualidad española. Ayer, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visitó por primera vez Guernica, villa vasca bombardeada en 1937 por la aviación de Hitler, y pidió perdón por ello. Lo hizo al lado del rey español, Felipe de Borbón, que volvió a hacerse el loco para no asumir su parte de responsabilidad como heredero directo de la dictadura de Franco.

De hecho, con la cara que sólo puede tener un Borbón, dio las gracias a Steinmeier por el acto de desagravio. Es decir, un alemán se siente responsable de lo que sus antepasados hicieron en Guernica, pero un español no. La diferencia entre ambos es una: en el primer caso hubo una ruptura con el régimen que cometió aquellos crímenes; en el segundo, no.

Ocurre exactamente lo mismo con el pasado colonial español, ahora que el tema vuelve a estar de actualidad en México. Pedir disculpas siempre es más sencillo cuando uno no siente que esté traicionando a sus antepasados; cuando no hay línea directa, orgánica e incluso sanguínea con los responsables de crímenes pasados.

El régimen franquista y el sistema de baja intensidad democrática actual, por llamarlo de algún modo más o menos elegante, no son la misma cosa. Afirmarlo es hacer el ridículo. Pero esa línea directa entre los poderes del pasado y del presente volvió a quedar de manifiesto el pasado 20 de noviembre, otra jornada en que las cuentas pendientes volvieron a ponerse encima de la mesa. Ese día se cumplió medio siglo de la muerte del dictador Francisco Franco, y el Tribunal Supremo quiso celebrarlo a su manera.

La más alta institución del poder judicial, un estamento que pasó de la dictadura a la democracia como quien pasa de una habitación a otra sin siquiera cambiarse de ropa, decidió que el 20 de noviembre era un buen día para dar a conocer la condena –que no la sentencia– al fiscal general del Estado por un caso de revelación de secretos que no tiene ni pies ni cabeza. Un golpe de lawfare de manual con el que los jueces castigan a un Pedro Sánchez cuya mayoría de investidura –con partidos independentistas vascos y catalanes– se sitúa fuera de lo que la judicatura conservadora considera aceptable.

De paso, confirman el carácter intocable de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aguarda el momento para merendarse al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Fue la pareja de Ayuso, defraudador confeso, quien denunció al ya ex fiscal general, que ha acabado condenado sin pruebas por haber filtrado, supuestamente, la propuesta del denunciante para llegar a un acuerdo con la fiscalía en el caso que se sigue contra él por fraude fiscal.

Sin salir de los tribunales españoles, esta semana ha arrancado otro juicio que rasca en el pasado. En el banquillo de los acusados se sientan Jordi Pujol, presidente de Cataluña durante una eternidad que va de 1980 a 2003, sus siete hijos y una decena de empresarios. Se les acusa de asociación ilícita y de haber acumulado un patrimonio millonario mediante el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. La familia lo atribuye a una herencia del padre del ex presidente, pero lo cierto es que los indicios de corrupción son abrumadores, lo cual no debiera impedir ver el trasfondo político del caso.

Pujol lo fue todo en la política catalana durante casi un cuarto de siglo. Fue el constructor de ese sistema por el cual Cataluña ganaba competencias a cambio de garantizar la estabilidad del Estado, garantizando que todo se desarrollaba dentro del cauce autonómico. En Madrid lo odiaban y lo necesitaban. Fue la máxima expresión, en Cataluña, del régimen que siguió a la muerte de Franco.

El caso que ahora se juzga empezó a fraguarse en 2012, año de la primera gran manifestación independentista catalana, cuando la policía al servicio directo del gobierno de Mariano Rajoy y su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, arrancó unas investigaciones prospectivas que buscaban minar el auge soberanista. En su miope lectura de la situación, en Madrid siempre interpretaron que el deseo de los catalanes por la independencia fue resultado de años de cesiones a los gobiernos de Pujol. No en vano, eran sus herederos políticos quienes ahora trataban de pilotar la ola independentista.

Ha pasado una década larga desde entonces, el proceso catalán acabó y Pujol es un anciano de 95 años con deterioro cognitivo, pero el ánimo vengativo de los tribunales españoles lo mantiene en la causa. No lo quieren castigar por corrupto, eso hace tiempo que lo podían haber hecho, sino porque creen que así castigan a la Cataluña que, hace una década, abandonó el consenso del 78, igual que ahora castigan a Sánchez por el mismo motivo. Pujol, sin embargo, es la quintaesencia de aquel régimen esencialmente corrupto.

La paradoja, por lo tanto, está ahí para quien quiera disfrutarla: quieren castigar a Jordi Pujol para castigar el giro independentista, pero no hay condena posible al ex presidente catalán sin condena indirecta al sistema que emergió tras la muerte de Franco.