Guadalajara, Jal., De 2015 –cuando emplazaron a un juicio agrario– a la fecha, los comuneros de San Lorenzo Azqueltan, municipio de Villa Guerrero, al norte de Jalisco, han sufrido agresiones de todo tipo que culminaron con el homicidio el pasado miércoles del representante agrario de ese poblado conformado por tepehuanos y wixárikas, Marcos Aguilar Rojas.

En el ataque su hermano Gabriel resultó herido ayer por un disparo; luego de peregrinar por varios nosocomios, lo trasladaron por helicóptero al Hospital General de Occidente, en Zapopan, donde la atención médica ha sido precaria, denunciaron sus familiares.

Un testigo del atentado señaló a los hermanos Esteban, Manuel y José Aguilar Herrera, así como a Víctor Hugo Pérez como los responsables del ataque, que se habría originado por la disputa del predio El Caracol, en territorio ancestral indígena. La participación de una mujer no ha sido confirmada.

El fiscal de Jalisco, Salvador González, informó que indagan lo ocurrido y “al parecer” fue por “una discusión por problemas de terrenos”.

Sin embargo, la fiscalía estatal, en su sede regional, ya tenía conocimiento del problema, que los indígenas calificaron de “despojo” del predio, el cual fue cercado con piedra y entregado a los mestizos que según las autoridades son los dueños.

La comunidad de Azqueltán presentó una demanda de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales en febrero de 2015 ante el Tribunal Agrario del distrito 16 de Guadalajara, en busca de reivindicar la posesión de 38 mil 240 hectáreas de territorio ancestral.

Pero el juicio agrario inició recientemente, pues según el abogado Rubén Ávila en esa zona existen múltiples predios de particulares que hace obligatorio citar a los supuestos dueños para deslindar la propiedad.

Situación que ha desatado la respuesta bélica de los posesionarios desde entonces. Las agresiones en contra de los comuneros han incluido homicidios, desapariciones, torturas, amenazas, privaciones de la libertad y golpizas.

Entre las embestidas está la que sufrieron Noé Aguilar Rojas (ex presidente del Comisariado de Bienes Comunales), Ricardo de la Cruz González y Rafael Reyes Márquez en noviembre de 2019.

Los autores, identificados en diversas denuncias penales, actuaron con impunidad, como Fabio Ernesto Flores Sánchez, La Polla, junto a sus grupos de choque, o el entonces jefe de la policía de Villa Guerrero, Salvador González Ortega, quien defendió a particulares.