Las reformas en materia penal que ha tenido el país en 2019 y 2024 no han logrado racionalizar el abuso de la prisión preventiva oficiosa, ni la prisión preventiva justificada, pues en el sistema penitenciario 41 por ciento de los encarcelados se encuentra en esta situación, lamentó la investigadora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México, Volga de Pina.

Consideró que aunado a este abuso del encarcelamiento como medida preventiva, el juicio prácticamente ha desaparecido, lo cual perjudica más a las personas más pobres o con menos recursos económicos, así como a quienes muestran rasgos indígenas o facciones raciales menos anglosajonas.

Durante el foro Desigualdad y proceso penal en tiempos de reformas, que se llevó a cabo ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, comentó que “la prisión preventiva es la medida cautelar más usada y hay un uso excesivo porque somos un país que sigue dependiendo del encarcelamiento preventivo”.

En medio de las nuevas reformas que han surgido sobre la Ley de Amparo y la Ley de Extorsión, apuntó que la unidad de medidas cautelares tiene que mejorar para no abusar del encarcelamiento y la persona no se vaya a fugar o no vaya a causar daño a una víctima o persona.

No obstante, las opiniones se dividieron en torno a la reforma judicial: mientras Eduardo Rojas, de Fundación para la Justicia le da un voto de confianza, la investigadora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México, comentó que no representa una modificación sustancial.

Rojas consideró que antes de la reforma judicial, los jueces han buscado resoluciones populares en vez de justas, porque eso les reditúa políticamente.