La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a 17 leyes para regular las medidas de protección del Estado a mujeres, niñas y adolescentes que sufren distintos tipos de violencia, discriminación, hostigamiento sexual y el acoso laboral y escolar.

En el documento, que se envió a comisiones, también planteó medidas para garantizar el desarrollo económico y de acceso a vivienda de las mujeres –en especial de comunidades indígenas y en condición de vulnerabildad.

La mandataria resaltó, en su exposición de motivos, que una de las principales causas del fenómeno de las violencias contra las mujeres es la falta de acceso al mismo trato y oportunidades, la feminización de la pobreza y las barreras estructurales, por lo que se requiere legislar en materia de “los deberes reforzados del Estado para brindar protección… específicamente en ordenamientos como los que regulan los procesos civiles y familiares, educación, trabajo, servicios de salud y vivienda”.

En la iniciativa propuso que la Secretaría de Gobernación tendría a su cargo las políticas para definir mecanismos de alerta temprana en casos de violencia, así como coordinar el mecanismo de casos de tortura sexual.

En materia de justicia, incluir en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que las autoridades jurisdiccionales “deberán velar en todo momento por garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y actuar con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos humanos”.

Además, que independientemente de los juicios de alimentos, violencia familiar, violencia sexual o contra la mujer, deberán admitirse casos por violencia vicaria.

En la Ley General de Desarrollo Social se busca definir que los gobiernos propicien condiciones para eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, así como promover un desarrollo económico que eleve el nivel de ingreso, mejore su distribución y fomente la igualdad salarial.