Ecatepec, Méx., El Órgano Superior de Fiscalización del estado de México detectó erogación indebida de recursos, desvíos y anomalías financieras en auditorías a la cuenta pública 2024 del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Sapase) y el DIF de Ecatepec, durante la administración municipal de Fernando Vilchis Contreras, hoy diputado federal por el PT.

En la inspección aplicada a Sapase, organismo entonces dirigido por Elí Benjamín Hernández Rodríguez, se hallaron anomalías por 67 millones 137.6 mil pesos, con 81 observaciones de conductas del Sistema Anticorrupción.

Entre las irregularidades destacan la inexistencia de obras acordadas, la no acreditación de aplicación de los bienes adquiridos, falta de contratos y de verificación de los registros contables, ausencia de documentación financiera original comprobatoria y justificativa del gasto, así como del uso y destino de los recursos, afectación contable de la partida presupuestal, entre otras.

De acuerdo con el análisis financiero, Sapase no ejerció́ la totalidad del dinero público autorizado para la inversión física, “pudiendo haber causado un daño a la Hacienda Pública Municipal, al desconocerse su uso y destino final”.

Asimismo, el organismo erogó indebidamente recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo 2024 para fines distintos a los aprobados.

En la auditoría se enumeran múltiples adquisiciones o trabajos donde no se contó con un contrato y no hubo ningún elemento que acreditara la aplicación de los bienes adquiridos.

En tanto, en la revisión de la cuenta pública del DIF municipal 2024, dependencia entonces dirigida por Esmeralda Vallejo Martínez (esposa de Fernando Vilchis), destaca un aumento de 31 millones 351 mil pesos a lo programado en el rubro de las partidas “sueldo base”, “compensación” y “aguinaldo”.

También hubo un mayor egreso ejercido al autorizado para “otros gastos derivados de convenio”, por un importe de más de 549 mil pesos.

Además, el número de plazas aprobadas no coincide con la nómina y en la categoría “sindicalizados” se efectuaron pagos correspondientes a 31 plazas adicionales a las permitidas.

Otras anomalías identificadas fueron que de los 74 programas autorizados sólo se registraron 19, y de ellos, dos no tuvieron suficiencia presupuestaria.

Además, la auditoría encontró que el DIF municipal ejerció́ un recurso mayor al recaudado, presentó desequilibrio presupuestario por fuente de financiamiento, principalmente en “Ingresos propios” y “Transferencias” y que el inventario de bienes inmuebles carece de los elementos mínimos requeridos para su análisis.