La redacción de las iniciativas de nueva Ley General de Aguas y de reforma a la Ley de Aguas Nacionales busca prohibir la transmisión de derechos del uso del líquido al vender, arrendar o heredar un terreno, aspecto que fue uno de los más criticados por los productores que participan en los foros de análisis en la Cámara de Diputados.

Durante el segundo día de los conversatorios en San Lázaro, que se extenderán hasta el viernes, Arturo González Ruiz, integrante del Consejo Nacional Agropecuario, enfatizó que “no se debe impedir la venta de un predio sin que la concesión del agua pueda transferirse”.

De lo contrario, añadió, el comprador no tendría certeza jurídica para continuar con su producción, “se perderían créditos y se crearía una incertidumbre muy grande en el sector”.

Édgar Muñoz Romero, productor de la región centro-norte del país, advirtió que el artículo 22 de la propuesta de Ley de Aguas Nacionales prevé que los derechos de uso del líquido sólo se podrán transmitir del titular a un solo familiar en línea directa. “El campo ya vive una crisis, y si aprueban romper la ‘herencia’ del agua, rompen el relevo generacional y ya no habrá quién produzca en México”, lamentó.

Por su parte, Néstor Octavio Guerrero, representante de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, alertó que el objetivo de combatir la especulación con los recursos hídricos del país se puede lograr simplemente al verificar que el concesionario utiliza el líquido para lo que establece su licencia de uso, pero sin necesidad de tomar medidas adicionales que obstaculizarían la labor de los productores de alimentos.

Guerrero también resaltó que en las propuestas del Ejecutivo se reduce de cuatro años y medio a sólo seis meses el plazo para solicitar una prórroga de las concesiones y se establecen nuevos requisitos para ello, como la existencia de disponibilidad de agua, factor que también determinará el volumen que podrá utilizar el productor en el futuro.

En el mismo sentido, Alejandro Salcedo Ruiz, integrante de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, pidió que los diputados amplíen a cinco años el plazo que tienen los concesionarios para renovar sus permisos, en vez de reducirlo, y coincidió en que el otorgamiento de las prórrogas no puede estar sujeto a la disponibilidad de agua.

El productor también llamó la atención sobre un aspecto de las propuestas de leyes que permitirían reducir a los concesionarios los volúmenes del líquido que pueden utilizar, si comprueban que lograron hacer ahorros, en vez de reconocerles su capacidad para utilizar el recurso de manera sustentable.