Las irregularidades en un contrato de mantenimiento de videocámaras en la administración de la panista Lía Limón dejó 2 mil 95 dispositivos sin rehabilitación, indicó el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín.

En una mesa de trabajo con diputados locales, informó que la demarcación mantiene un litigio por el incumplimiento de la empresa Radar App SAPI de CV, pese a que se le pagó más de 80 por ciento del costo convenido.

Debido a las investigaciones penales, la alcaldía no puede ejercer un presupuesto sobre el mismo concepto de gasto ni intervenir la infraestructura adquirida hasta que el caso se resuelva. Señaló que la administración anterior reportó la entrega de 3 mil cámaras, de las cuales sólo 700 se habían rehabilitado con recursos del presupuesto participativo; 2 mil 95 se encuentran en litigio y del resto se desconoce su estatus.

Según el alcalde, por este caso ya hay una sentencia firme a su favor por un monto aproximado de 6 millones de pesos, por lo que se encuentra en vías de ser ejecutada.

“No estamos haciendo lo que sucedía en la administración anterior, que era pagar porque es mi compadre, porque es mi cuate; nosotros pagamos de acuerdo con las ministraciones y los trabajos; vamos conforme a los calendarios y de la empresa que no cumpla tendremos que ejecutar las fianzas correspondientes”.

Destacó que su gobierno se ha dedicado a “desprivatizar” la alcaldía, pues muchos espacios públicos los manejaban personas, como un salón de usos múltiples que cobraba hasta 70 mil pesos por evento. Además, se realizaron visitas de verificación a obras y publicidad exterior que derivaron en 296 acciones, entre clausuras y suspensiones.

Sobre el comercio informal, destacó que los registros oficiales no concuerdan con la realidad, pues había mil 910 permisos registrados, pero se contabilizaron 4 mil puestos y comercios que invaden los espacios públicos. De ese total, se han retirado más de 650 puestos de comercios irregulares y se han dado de baja 136 permisos por incumplimientos, por adeudos de derechos los más recurrentes.

Ante legisladores, Casarín solicitó 5 mil 384 millones de pesos para atender, entre otras cuestiones, prevención de suicidios –ya que se reportan en promedio 10 intentos a la semana– y atención a barrancas, las cuales requieren unos 360 millones de pesos.

Más tarde acudió al Congreso la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, quien reportó un incremento de más del doble en reportes de gestión urbana, los cuales pasaron de 17 mil a 38 mil en el año reciente. Para garantizar las necesidades de la población, la morenista solicitó un gasto de más de 2 mil 920 millones de pesos.