La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la solicitud del Frente Binacional de ex braceros y otras organizaciones, en la que solicitan una audiencia con los ministros y la intervención del tribunal para atender su histórica demanda al Estado mexicano: la devolución de las cantidades descontadas de su salario entre 1942 y 1964 por concepto del Fondo de Ahorro Campesino.

La solicitud de los ex trabajadores migrantes, registrada como expediente 2175/2023-VIAJ, fue remitida por la Corte a la Secretaría General de la Presidencia y a la Dirección General de Participación Social para su análisis y gestión institucional ante el gobierno federal, pues este tipo de trámite no faculta al tribunal para resolver el fondo del asunto.

El caso tiene como antecedente el llamado Programa Bracero, formalizado el 23 de julio de 1942, cuando el entonces presidente, Manuel Ávila Camacho, suscribió un convenio internacional con Estados Unidos que permitió a miles de mexicanos laborar legalmente en ese país y cubrir la escasez de mano de obra en los sectores agrícola y ferroviario durante la Segunda Guerra Mundial.

Durante más de dos décadas se aplicaron descuentos obligatorios de 10 por ciento del salario de los trabajadores para integrar el Fondo de Ahorro Campesino, pero esos recursos nunca les fueron devueltos.

“Por las razones antes señaladas le solicitamos atenta y respetuosamente una audiencia de trabajo con nuestra organización, con la finalidad de precisar conceptos y términos que coadyuven a resolver de la mejor manera el adeudo histórico en favor de los ex braceros del periodo 1942-1967”, plantearon los trabajadores, de acuerdo con listas electrónicas de la Corte del pasado 12 de octubre.

La demanda de los ex braceros ya ha sido revisada por tribunales, pero sólo para ordenar al gobierno federal emitir una respuesta clara.

Un colegiado determinó que la autoridad contestó de forma ambigua y que los trabajadores tienen derecho a reclamar la devolución de 10 por ciento de su salario retenido.

Mientras, en 2018, la Suprema Corte los amparó únicamente para que la Secretaría de Gobernación atendiera su solicitud; sin embargo, según los promotores, el gobierno sigue sin ofrecer una respuesta fundada.