Con más de 350 procesos judiciales en seis años para que le regresen a sus hijos Marcelo y Patricio, 135 excusas de jueces, un centenar de restituciones sin cumplir y más de 80 ejecutorias a su favor, Elisa Concepción Celis González se convierte en el caso de violencia vicaria más documentado e impune de México.

Su ex pareja, el empresario multimillonario Diego Romo González, heredero de Tequila Herradura –empresa que su familia vendió en 2006 a Brown-Forman Corp por 876 millones de dólares– y que ahora se dedica al ramo inmobiliario, ha usado todo su poder económico y político para convertir la lucha judicial por la custodia en una forma de vida “a salto de mata”, huyendo por diferentes estados del país para no devolverle sus hijos a Elisa y evadir la acción de la justicia por sustracción de menores, en complicidad con las autoridades judiciales y políticas de Jalisco.

“Vivo terrorismo legal por la corrupción institucional”, dice esta mujer de 52 años en entrevista con La Jornada y añade: “El sistema judicial ha permitido que mis hijos sean utilizados como armas en un ciclo interminable de violencia vicaria. Recuerdo lo que Diego me dijo cuando nos separamos: ‘No volverás a ver a tus hijos. Ahora vas a saber lo que es tener dinero e influencias’.”

Primera sustracción

Elisa o Lisi, como se le conoce, convivió con su ex pareja durante 20 años, pero nunca se casó. En 2018 se dio la ruptura final de la relación y todo iba bien, hasta que Diego decidió demandarla para quitarle la custodia de los niños, argumentando que no le permitía verlos, pese a que acababa de pasar con ellos las vacaciones de Pascua. “En realidad, su abogado Joaquín Antonio Gaspar fue quien le recomendó que para no pagar la pensión alimentaria era mejor quitarme a los niños”, señala.

Sin embargo, la jueza le negó la custodia. Entonces contrademandó solicitando ésta y la pensión alimentaria. Le concedieron ambas y después firmaron un convenio judicial en el que ella aceptó bajar la pensión 63.75 por ciento y aceptaba que los menores pasaran julio de 2019 con su padre.

Su caso ha pasado por 10 de los 13 juzgados de lo familiar del Poder Judicial de Jalisco, 26 jueces locales y cuatro federales. Elisa dice que confió en el convenio firmado en el juzgado, pero en lugar de regresarle a los menores, Diego decidió quedárselos y volvió a demandar, argumentando maltrato de Elisa; y en la práctica ninguna autoridad judicial le obligó devolverlos. El juez primero de lo familiar Ramón Alonso Mejía García le otorgó custodia “provisional”.

“Fue ilegal, era una custodia patito. Le duró sólo cuatro semanas porque un tribunal colegiado federal le ordenó que los niños me fueran restituidos en 24 horas.”

Sin embargo, ese lapso se convirtió en tres años y medio. Diego Romo González, protegido por el ex gobernador emecista Enrique Alfaro, se negó a devolvérselos e inundó de procesos judiciales a Elisa: “Fue terrible: enfrenté demandas, amparos, denuncias y recursos. Los jueces de Jalisco, tanto locales como federales, se han excusado de mi asunto en 135 ocasiones para evadir el cumplimiento de más de 100 ejecutorias federales que ordenan la restitución de mis hijos”.

El padre, a salto de mata

Durante su huida, Diego Romo González sacó a sus hijos de 11 y 17 años de la escuelas y vivió en distintos estados del país, pero en octubre de 2022 Elisa logró recuperarlos mediante tres amparos. “Lo que encontré me rompió el alma –lamenta–, pues mis hijos vivían en condiciones deplorables. Pasaban frío, hambre y sueño; sufrían maltrato físico y emocional, abandono y omisión de cuidados”.

Añade: “Diego es un hombre muy violento, acostumbrado a hacer lo que se le pega la gana. Me separé muchas veces durante la relación. Él tuvo una infancia difícil que refleja mucha violencia, viene de una familia muy violenta. La mamá es sumamente agresiva. Sus papás fueron karatecas profesionales; entonces, el tema de los golpes y saber golpear era el día a día en su casa. Me contaba que su mamá los golpeaba fuerte; me dijo que le rompían palas de madera en la espalda y los llevaban a la calle a pelearse”.

Recuerda que su ex pareja siempre fue un padre “ausente y desobligado”, pues nunca asistía a las escuelas de sus hijos ni sabía de sus actividades escolares, sus citas médicas ni nada. “Los lunes que me los regresaba me los entregaba con ojeras, enfermos, cansados. Alguna vez llegó a llevar a los niños en pañal a la escuela, sin uniforme, sin comer. Y eso lo narran los niños en la demanda de él cuando me los quita”.

Sin embargo, durante esos tres años y medio que no le permitió verlos, Elisa dice que sus hijos fueron “alienados” para no quererla. “Los llenó de mentiras y desprecio hacia mí. Vivían escondidos, huyendo con su padre por todo el país, privados de su derecho a una infancia libre y segura”.

▲ Elisa Concepción Celis González, con su ex pareja Diego Romo González, y sus hijos.Foto Sanjuana Martínez

Tres meses después, Elisa recibió un nuevo golpe emocional cuando su primer hijo, Marcelo, ya mayor de edad, en enero de 2023, actuó “alienado” en complicidad con su padre para llevarse a su hermano menor, Patricio: “A partir de la primera sustracción jamás regresaron a la escuela; han vivido de manera miserable y con daños sicológicos ocasionados por el padre”.

Al tener la custodia de sus hijos, Diego decidió no inscribirlos para instruirse. “Mi hijo menor se quedó en tercero de primaria. Jamás volvieron a la escuela, y los jueces lo saben y son cómplices. Él dice que estudian en una escuela digital que se llama DigiTalent School, cuyos dueños tienen relación con sus abogados, y es ahí que le emiten documentos. Estoy por meter una denuncia ante la SEP (Secretaría de Educación Pública) para que investiguen”.

Recuerda que cuando los recuperó esos pocos meses, los inscribió nuevamente y a Patricio lo llevó a comprar útiles. “El niño estaba feliz diciendo que amaba sus útiles y su colegio. Obvio, estaba ávido de tener una vida normal, y yo quería que mi hijo mayor Patricio volviera al Colegio Franco Mexicano, donde cursaba tercero de secundaria, pero él no quiso. Mis hijos nunca volvieron a estudiar, sólo les mandaban que hicieran trabajitos en esa escuela digital”.

Dice que tampoco volvieron a tener un pediatra o atención medica normal: “El papá no les da medicamento porque dice que no cree en eso. Mis hijos arden en calentura y no pueden ni siquiera tomar un paracetamol”.

Cuenta que por la denuncia falsa de Patricio fue perseguida por las autoridades con una orden de aprehensión: “Aventó por delante a mi hijo, que ya es un adulto de 20 años, para denunciarme. Trae mucho daño y lo puso a demandarme penalmente por amenazas, en complicidad con sus escoltas. Inventaron que me encontré a Patricio en una plaza y lo amenacé. Sin una prueba ni video, nada; una verdadera tontería, pero me dicen que ese proceso judicial le costó por lo menos 3 millones de pesos, es decir, lo que le dio a las autoridades para perseguirme”.

Añade: “Sus abogados me ofrecieron 15 millones de pesos por la custodia de mi hijo pequeño, algo que no acepté, y me dijeron claramente que iban a utilizar todas sus herramientas legales. Les dije que hicieran lo que quisieran, pero no iba a ceder; obviamente, les dije que como me metan a la cárcel así voy a salir, a menos que me vayan a matar”.

Creadora de sociedad civil

Elisa señala que lleva ya seis años amparada para defenderse de las decenas de procedimientos judiciales interpuestos en su contra por su ex pareja. En su camino de lucha se encontró con otras mujeres también víctimas de la misma violencia, que sufren separación ilegal de sus hijos, y decidió fundar el Frente Nacional Contra Violencia Vicaria, que hoy agrupa a más de 4 mil 500 madres y 10 mil 300 niños afectados.

“La violencia vicaria no es un conflicto entre particulares –afirma–. Tampoco es un tema de pareja ni un problema de que los niños ‘estén con su papá’. La violencia vicaria es tortura institucional que mata, destruye cuerpos, almas e infancias.”

Diego Romo González ha grabado a sus hijos junto a él diciendo que no quieren regresar con su madre.

Él se dedica ahora a la construcción y posee importantes desarrollos turísticos en las costas de Nayarit –donde también Elisa se defiende de procesos judiciales–. Es primo de Guillermo Romo Romero, fundador del Grupo Mega y contratista del gobierno de Alfaro por 3 mil 800 millones de pesos para el programa de construcción de infraestructura rural A toda máquina.

“No es cualquier agresor, tiene todo el dinero del mundo; no necesita trabajar, sólo se dedica a ver como me daña cada día más”, asegura.

En lugar de atender las denuncias sobre corrupción y complicidad de autoridades de Jalisco, el actual gobernador emecista Pablo Lemus Navarro se ha lavado de las manos diciendo que el paradigmático caso de violencia vicaria que padece Elisa es cuestión “del Poder Judicial”.

El año pasado se declaró en huelga de hambre durante 140 horas para exigir a las autoridades que atiendan su caso. Su acción de resistencia civil pacifica logró la aprobación de la Ley Vicaria en Jalisco, que ya ha sido aprobada en 30 estados y a nivel federal.

Elisa tiene de su lado la ley y la razón jurídica, aunque no hay quien lo haga valer. Con llanto, lamenta la ausencia más dolorosa: “Jamás, mientras esté viva, voy a dejar de luchar por mis hijos; son los dos, y aunque a Marcelo ya no lo pueda recuperar legalmente, espero que regrese. Yo seguiré luchando por Patricio. Quiero que ambos sepan que los amo”.