Durante casi cuatro décadas se postergó la solución de un juicio agrario por un terreno de 8.4 hectáreas
Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 25
Puerto Vallarta, Jal., El gobierno municipal de Puerto Vallarta debe pagar 120 millones de pesos al particular Gregorio Espinoza Peña, con quien enfrentó un juicio agrario desde hace 38 años por un terreno de 8.4 hectáreas donde operó el basurero municipal de El Divisadero, en la delegación de Las Juntas, informó el propio ayuntamiento.
En un principio, el Tribunal Unitario Agrario del distrito 13, en el juicio 376/2007, emitió una sentencia que obligaba al municipio a erogar 808 millones de pesos por los años de litigio y actualización al tipo de cambio. Cifra que representaba un tercio de su presupuesto anual.
Por el pago de la deuda original también se corría el riesgo de no poder cubrir el costo de la prestación de los servicios públicos municipales ni entregar el sueldo de los servidores públicos, lo que generaría un déficit a la hacienda local.
El cuerpo edilicio, bajo la amenaza de destitución y arresto por desacato, avaló esta semana que concluyó la negociación con los afectados para evitar una crisis financiera y autorizó un pago por 120 millones de pesos en parcialidades.
El acuerdo incluye un anticipo de 60 millones de pesos, el cual se cubrirá en cuatro parcialidades de enero a abril de 2026 y el resto se pagará en cuotas anuales por 3 millones de pesos sin intereses” hasta 2046, informó el ayuntamiento vallartense.
Incremento desmesurado
El problema se originó en 1987 cuando la alcaldía adquirió una parcela de 8.4 hectáreas en El Divisadero para usarla como basurero municipal, sin cumplir con el pago acordado de 20 millones de pesos en ese entonces.
Durante casi cuatro décadas, las administraciones municipales postergaron la solución permitiendo que la deuda original, afectada por la inflación y los intereses, se incrementara de manera desmesurada.
En los últimos meses, con distintas negociaciones, se convino con los herederos del dueño original del predio que se les otorguen 120 millones de pesos de dicha deuda, la cual “de manera irresponsable” creció en las administraciones de 20 presidentes municipales.
Este pago llega en los momentos en que el ayuntamiento enfrenta problemas en la operación de servicios públicos municipales y la falta de liquidez para subsanarlos obligando a solicitar recientemente las partidas federales por adelantado para hacer frente a compromisos de fin de año.











