nte tanta violencia la sociedad se pregunta la razón ¿Qué nos está pasando?, parece inquirir la gente. La respuesta sería la misma de siempre: nuestro sistema de seguridad y justicia está colapsado. Su falta de actualización, no proporcional con el desarrollo nacional, lo afectó totalmente. Valga decir que el sistema en su conjunto es terriblemente anacrónico.
El sistema debe entenderse como una cadena que inevitablemente debe enlazar a policías-fiscales-jueces-reclusorios. El sentir popular es que esa cadena, eslabón por eslabón, es insuficiente, ineficiente y corrupta. Eso es sabido desde siempre y es ya hace 40 años (1986) que se inició la institucionalización de la respuesta, la que corrió con poca suerte.
Hoy, una vez más, ante sucesos extremos, Sinaloa y Michoacán, la sociedad no sólo está preocupada, sino justamente irritada. Demanda lo que es imposible ante la flaqueza del sistema, exige soluciones para hoy mismo, actitud que así debiera ser atendida, pero simultáneamente aceptarse que hubiera más, mucho más por hacer. Es por ello por lo que el recientemente anunciado Plan Michoacán será severamente juzgado.
El gran sentimiento, la gran duda es que estemos viendo repetirse lo ya visto muchas veces: ante una crisis se aplican medidas paliativas impresionantes, así parece dominarse la crisis, pero en el fondo todo sigue igual. Véase el caso Sinaloa: a semanas de un incendio criminal, gran respuesta del gobierno; luego, esa crisis es opacada por otra, ahora viene Michoacán, mientras la violencia en Sinaloa sigue igual. Es un círculo perverso muy conocido: iguales causas, iguales efectos.
Algún día aceptaremos que los problemas no se resuelven con prontismo ni con buenas intenciones, ni con programas coyunturales, pero reconozcamos que por hoy el gobierno no tiene con qué ofrecer una respuesta mejor.
Como se mencionó, hace 40 años, se estableció un Programa Nacional de Seguridad Pública que pretendía institucionalizar estos servicios a nivel nacional, consolidando con altas metas a las fuerzas federales, estatales y municipales. Era un programa de gran aliento, diseñado en el tiempo para desarrollarse en 30 años. Sus componentes llevaban desde la policía municipal hasta los enlaces con el extranjero con gran acento en la formación profesional de su personal. Se ejecutaría con la debida programación y presupuesto para ese plazo. Lamentablemente, estos esfuerzos sólo duraron unos años. Su coordinadora, la Secretaría de Gobernación, a cargo de Fernando Gutiérrez Barrios, simplemente lo dejó decaer, fue intencionalmente desatendido.
En el mismo sexenio, pero con otro coordinador, de forma comprobable se avanzó sustantivamente en materia de inteligencia política, criminal y de combate al narcotráfico, pero el gobierno sucesor, el de Zedillo, lo nulificó todo. “Yo sé cómo hacerlo” fue una de sus frases y acabó con todo. El programa demandaba un gran esfuerzo nacional continuado de formulación de ideas, como el que siempre se ha dado en la creación de las grandes instituciones. Que tuviera sus momentos fundacionales, sí, pero también sus tiempos de maduración y de perfeccionamiento. Con una visión más corta seguiríamos debatiéndonos entre la crítica, la desesperanza y a veces el dolor. Lamentablemente, así fue como sucedió, de ahí la duda sobre el plan anunciado.
Regresando al presente vemos que la oferta de la actual administración por necesidad debiera ser efectiva. Sinaloa no es buen ejemplo, lo demuestra un despliegue impresionante, mucho lucimiento y después de un año, todo sigue igual. Pasan los días, la crisis y luego, nada.
El serio problema de la inseguridad sólo puede atenderse con expectativas de éxito mediante una política pública integral de plazo medio y largo que conduzca con toda energía, clara determinación y compromiso el propio Presidente de la República, trabajando en un formato distinto a las reuniones de las seis de la mañana: éstas parecen la sala de redacción de un periódico, vive sólo el hoy desconectado del ayer y sin mañana.
Una política pública implica crear el marco constitucional y legal necesario, así como establecer los proyectos de desarrollo conducentes a lograr un propósito sistémico, integral, confiable y creíble, pero del modo que sea necesario, darle continuidad. Llevamos, como se dijo, 40 años de borrón y cuenta nueva, eso es insostenible, eso es lo que nos trajo a esta situación.
El crimen organizado en sus distintas modalidades está estremeciendo a la sociedad y a las instituciones. Es consecuencia de gobernar viendo sólo el hoy. La estrategia seguida hasta ahora por tantos años ha sido primordialmente discontinua. Se limita a responder al enfrentamiento, siempre reactiva a un hecho delictivo consumado. No hay un criterio de anticipación, de iniciativa, es herencia de “Abrazos no balazos”. El anunciado Plan Michoacán despierta dudas que no desplantan a ciertas esperanzas de que ahora sí tuviéramos como divisa la trascendencia y la continuidad.
