Pachuca, Hgo., El gobierno del estado deberá aclarar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la ejecución de 532 millones 269 mil 51.94 pesos, a raíz de irregularidades detectadas en 17 contratos de obras y trabajos en un inmueble que no pudo acreditarse como propiedad del estado.

De acuerdo con el informe de ASF, en más de 20 contratos firmados por la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) y la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (Sipdus) se identificaron deficiencias en los reportes fotográficos de las labores, ya que no amparan la totalidad de los conceptos.

De igual manera, en seis contratos no se acreditó la propiedad de los predios o inmuebles donde se ejecutaron las tareas, no se remitieron la totalidad de las actas de finiquito y de extinción de obligaciones; además, se identificaron deficiencias en los reportes fotográficos de las obras, ya que no amparan la totalidad de los conceptos, inconsistentes con los trabajos realizados.

Asimismo, en los contratos se identificó que las notas de bitácora no estaban completas, carecían de folios de forma consecutiva, no cuentan con acta de finiquito de las labores ni oficio de terminación de éstas, les faltan números generadores; igualmente, la fecha de terminación de las tareas en la bitácora y la emitida por el contratista no coinciden, entre otros aspectos.Todo esto implica un monto total observado de 873 millones 536 mil 200 pesos.

El gobierno del estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

Para cada contrato presentó reportes fotográficos, pruebas de laboratorio, escrituras públicas, bitácoras de obra, generadores de trabajos, estimaciones, actas de entrega-recepción, oficios de terminación de labores y finiquitos de tareas, por un monto de 341 millones 267 mil 126.21 pesos, correspondientes a 17 contratos.

La Secretaría de Contraloría estatal comenzó un procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tal efecto integró dos expedientes, uno en el órgano interno de control de la Caasim y otro ante la Sipdus.

Sin embargo, de 17 contratos más, en los cuales se detectaron inconsistencias en las firmas del residente de obra y el superintendente de los trabajos, presentes en los reportes fotográficos de las estimaciones, oficio de terminación y acta finiquito, en compara-ción con los documentos entregados durante el desarrollo de la auditoría y de un contrato de la Sipdus, en la cual no se acreditó la propiedad del inmueble, se determinó un monto pendiente por aclarar de 532 millones 269 mil 051.94 pesos.

Ante dichas irregularidades, la ASF solicitó al gobierno del estado aclarar y proporcionar la documentación adicional justificativa y comprobatoria por concepto de los 17 contratos, en los que se detectaron inconsistencias en las firmas del residente de obra y el superintendente de labores, presentes en los reportes fotográficos de las estimaciones, oficio de terminación y acta finiquito, en comparación con los documentos entregados durante el desarrollo de la auditoría.

Por otra parte, la Auditoría Superior comenzó un pliego de observaciones por el probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal por un monto de un millón 285 mil 830.64 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no acreditar que el inmueble donde se ejecutó la obra con contrato NOR-2024-ADM-FAFEF-SIPDUS-IAAMEH-EPR-036 sea propiedad de la entidad fiscalizada.