a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha informado que “un tribunal federal ordenó a la empresa Calizas Industriales del Carmen SA de CV (Calica) ingresar a los terrenos de su propia cantera únicamente para remediar, compensar y restaurar la zona explotada, bajo la supervisión de la autoridad ambiental”. Pero, al parecer, esto se realizará sin consultas a las poblaciones aledañas afectadas (https://tinyurl.com/3sr9dw8p).

La secretaria de la Semarnat, Alicia Bárcena, había declarado la zona como área natural protegida (ANP), en la que no se podría “extraer ni un gramo más de piedra caliza” y se preservarían 50 mil hectáreas para la protección de flora y fauna (https://tinyurl.com/2ms5h87p).

La pregunta es ¿por qué la empresa estadunidense Legacy Vulcan LLC, propietaria de Calica, estaría dispuesta a cumplir con este mandato de restauración, cuando lleva años de explotación y afectaciones medioambientales de manera indiscriminada?; ¿por qué accedería cuando la empresa se posiciona como la parte tratada injusta e inequitativamente y tiene demandado al Estado mexicano bajo la cláusula de legado del TLCAN en el T-MEC por mil 900 millones de dólares en el Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial? Y si la propia Semarnat dice que los daños son “irreversibles”, ¿por qué permitir el acceso a la mina para “restaurar”? Algo no hace mucho sentido.

He consultado con el experto en temas ambientales, Raúl Benet, y me dice que el supuesto “triunfo para México” en un tribunal federal es “una interpretación de que se obliga a la empresa a ponerse a restaurar, pero parece más bien una trampa para recuperar la posesión de las propiedades. Al no haber un programa, tienen demasiada manga ancha para hacer lo que quieran”.

Teresina Gutiérrez Haces, investigadora de la UNAM y experta en tratados comerciales y de inversiones, me comenta que aunque con el anuncio del viernes “podría creerse que ganó el gobierno mexicano, hasta que el CIADI no publique que la empresa y el gobierno han llegado a un arreglo fuera del tribunal, con un documento detallado, resultado de la inspección visual del terreno, que lo llamaría el inventario de la remediación, se sabrá quién y cómo se ganó”. Propone como urgente redactar un protocolo público detallado sobre las operaciones que tendrá permitidas la empresa, para impedir que se convierta en un cheque en blanco; crear una comisión permanente de vigilancia que tenga libre entrada al predio de remediación, y evitar que simulen una restauración, pero en realidad creen las condiciones materiales de “reanclaje” de la empresa.

Es vital que la Secretaría de Economía, la cual enfrenta el caso en el CIADI con gastos legales millonarios, informe de manera clara al pueblo mexicano, y en particular a la comunidad de Torres de la Paz, en las inmediaciones de Playa del Carmen, acerca de la estrategia del gobierno mexicano para enfrentar este caso. Por ejemplo, resulta que la idea de que se cree en el sitio un destino ecoturístico como alternativa a la minería no ha sido consultada con la población local.

Araceli Domínguez, del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), me dice que originalmente había un convenio para luego convertir el area en una zona turística. “Ahora ese concepto se ve limitado porque es un área naturalmente protegida. El turismo masivo sería muy malo. Semarnat debe elaborar un programa de manejo para que lo que dictó el tribunal, tenga candados que realmente puedan garantizar el objetivo de una ANP”. Por su parte, Quetzal Tzab, líder maya de la zona, quien viajará con una comitiva mexicana a Washington próximamente para dar testimonio de los impactos del TLCAN/T-MEC ante el Congreso estadunidense, me dijo que “ha escuchado que ya están llevando hasta los comedores de regreso”.

En el boletín de Semarnat se dice que el gobierno de México solicitó anuencia para contrademandar internacionalmente a la empresa Legacy Vulcan, de la que Calica es filial, y que este mecanismo legal “se encuentra pendiente de resolución ante el tribunal de arbitraje internacional”. Desgraciadamente, el CIADI no recibe demandas de gobiernos contra empresas.

Una y otra vez hay que decirlo, el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (conocido como ISDS, por sus siglas en inglés) es de una sola vía. En la gran mayoría de los casos, las comunidades afectadas son excluidas. Esto ya se vio con el caso de la empresa minera Odyssey, que ganó un caso en un tribunal del CIADI en el cual México tuvo que pagar 31 millones de dólares y donde le fue denegada a comunidades pesqueras de Baja California Sur poder presentar un amicus curiae. Más recientemente, se les negó en el CIADI otro amicus curiae sobre cuestiones de derechos humanos y la diligencia debida de las empresas a comunidades de la Sierra Mojada en Coahuila en el caso de la minera Silver Bull Resources contra México,

Por eso es urgente para México remediar el hoyo en el que nos metieron los gobiernos de los sexenios entreguistas. La revisión del T-MEC es una oportunidad para sacudirnos de este perverso sistema aún activo entre México y Estados Unidos. Es también urgente erradicarlo del Tratado Transpaciífico (bajo el cual México ya enfrenta dos demandas de empresas canadienses) y no aceptarlo en el TLC con la UE “modernizado”, del cual la presidenta Sheinbaum ha anunciado su firma en febrero de 2026.

El caso de Vulcan contra México es uno de más de 20 demandas pendientes. Es urgente un verdadero cambio de rumbo con respecto a los tratados comerciales y de inversiones. Si no, el fin del neoliberalismo seguirá siendo una quimera.

*Institute for Policy Studies(www.ips-dc.org)