n febrero pasado, la ex ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández admitió un amparo de Primero Empresa Minera, filial de la canadiense First Majestic Silver Corp, en el que ésta alega la inconstitucionalidad del artículo 92, fracción II, de la Ley del ISR (2012), por vulnerar sus derechos a la seguridad jurídica, confianza legítima y acceso a la justicia. Tras establecer que dicho recurso es una táctica dilatoria, este jueves la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo desechó y dejó firme la sentencia de un tribunal colegiado que ordena pagar un crédito fiscal por más de 2 mil 868 millones de pesos correspondientes a impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, actualizaciones, recargos y multas del ejercicio 2012.
El pasado 23 de octubre, el pleno del máximo tribunal ya había multado a Primero Empresa Minera por el intento de dilatar la resolución del juicio fiscal que enfrenta mediante un recurso de impedimento con el que buscó apartar del caso a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, al acusarla de falta de imparcialidad. Los ministros consideraron evidente que la única intención de recusar a la togada era prolongar el conflicto y retrasar el pago pendiente.
Ambos fallos resultan ejemplares en varios sentidos. En primera instancia, son una muestra más de la determinación del Poder Judicial de acotar las artimañas usadas para posponer de forma indefinida la acción de la justicia, en particular en los litigios fiscales. Asimismo, la unanimidad con que votaron los miembros del máximo tribunal deja atrás la aciaga etapa en que los ministros del bloque conservador cerraban filas para bloquear todo proyecto de resolución que pudiera ser positivo para el país y para el interés general. Por último, mandan el mensaje de que cubrir las contribuciones a Hacienda es una obligación de los agentes económicos y que el intento de eludirla sólo genera mayores costos por recargos y multas.
En conjunto, la actuación del nuevo pleno de la Suprema Corte exhibe por qué las cúpulas empresariales y sus corifeos en los medios de comunicación corporativos se opusieron con tanta virulencia al remplazo de los ministros designados durante el periodo neoliberal y a su reemplazo por togados elegidos democráticamente, pues han perdido a sus mejores valedores en la obtención de pingües ganancias a expensas del erario. También queda a la luz que lo que buena parte de la iniciativa privada llama “seguridad jurídica” no es más que la capacidad de ignorar las leyes a su antojo con la complicidad de jueces venales.
Cabe congratularse porque México se haya sacudido de ese grupo de saboteadores enquistados en la estructura del Estado, y esta buena noticia para las mayorías viene acompañada de otros anuncios igualmente positivos. Por un lado, un tribunal colegiado rechazó el recurso de inconformidad que promovieron Grupo México y su organización gremial patronal, a fin de desconocer y dar por terminada la huelga en la mina San Martín de Sombrerete, Zacatecas, que suma más de 18 años. Además de confirmar el derecho constitucional de la huelga, la resolución ordena el pago de los salarios caídos y las cuotas de seguridad social, es decir, quita incentivos a la empresa para mantener abierto el conflicto como ha hecho todos estos años. Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que cuando concluya el proceso judicial de Primero Empresa Minera, el monto de sus adeudos fiscales irá a las comunidades, que podrán ver así un beneficio por la explotación de sus territorios.
Para la sociedad mexicana, estos cambios enseñan que nunca más debe normalizarse que empresas que facturan miles de millones de dólares recurran a todo tipo de artimañas a fin de eludir sus obligaciones fiscales y laborales, ni que el Poder Judicial funcione como un despacho al servicio de los grandes grupos de interés económico.
