En comisiones de la Cámara de Diputados avanzó ayer la aprobación de la nueva ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión; legisladores de distintas bancadas anticiparon que presentarán reservas para aumentar los años de prisión, pues en algunos estados es más alta que la propuesta en la iniciativa presidencial.

El dictamen se aprobó con 25 votos en favor, de Morena, PAN, PT, PVEM y MC, mientras el PRI votó en abstención, con el argumento de que mantener las penas de cárcel por debajo de las vigentes en algunas entidades podría derivar en la liberación de delincuentes con sentencias más altas.

La iniciativa presidencial validada ayer propone un tipo penal básico de seis a 15 años, que aumentaría según 34 agravantes, como el denominado cobro de piso, que el delito se cometa contra menores de edad o adultos mayores, e incluso candidatos a cargos de elección popular, o bien los hechos de tránsito conocidos como montachoques.

Con la nueva ley, explicó Fernando Castro Trenti (Morena), se pretende extirpar “el cáncer de la extorsión” que afecta a la población y es unos de los delitos que “tienen al país en crisis”. También planteó que se endurezcan las penas cuando quienes lo cometan sean funcionarios públicos. La sanción “debe ser de mayor calado”.

Destacó que es necesario “extirpar el margen de impunidad en las campañas públicas, donde muchos candidatos se abren a recibir recursos que los condenan para siempre junto con sus administraciones, porque se ven obligados, por conservar su integridad, a actuar como rehenes de la delincuencia”.

El petista Ricardo Mejía Berdeja anticipó que en la discusión del dictamen –el miércoles en el pleno– presentará una reserva para también tipificar la extorsión en grado de tentativa. “En estos delitos no podemos dejar ningún resquicio”.

Tanto César Damián Retes (PAN) como César Alejandro Domínguez (PRI) plantearon incrementar los años de prisión, para que el tipo penal básico no se quede por debajo de la sanción en algunas entidades.

Retes señaló que en Baja California la condena mínima es de siete años, y “si lo que se quiere es bajar la extorsión a escala nacional, me parece que es para arriba, no para abajo”.

Mientras, el priísta dijo que en Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Chihuahua también se castiga con más años, y calculó que, de aprobarse tal como está en la iniciativa, al menos 500 sentenciados podrían salir antes, “y van a ir a cometer el mismo delito”.