La solicitud de los agentes aduanales de aplazar hasta enero la obligación de garantizar sus operaciones de garantía fue avalada por la Cámara de Diputados, que se allanó a los cambios que en ese sentido realizó el Senado la semana anterior.

Durante la evaluación de la minuta –que se aprobó por 343 votos a favor y 13 en contra y fue enviada al Ejecutivo–, la oposición insistió en la defensa de los agentes aduanales y consideró que la entrada en vigor del decreto para enero “no es un respiro técnico, es una ventana para imponer una reforma que golpea al comercio”.

Con los ajustes hechos por los senadores, la reforma retrasa un mes la vigencia de la garantía que deben depositar las empresas por importación definitiva de mercancías, lo que permitirá cubrir cuotas compensatorias por la diferencia entre el valor declarado y el precio estimado.

Además, aplaza hasta finales de enero del próximo año el depósito de la garantía por la introducción al país de mercancías extranjeras para destinarlas al régimen de recinto fiscalizado estratégico para su manejo, almacenaje, exhibición, venta o distribución.

También entrarán en vigor a finales de enero las nuevas disposiciones del régimen de importación temporal, que permite la entrada de mercancías por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo estado.

En este caso, la reforma amplió de cinco a 10 años la permanencia de embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros, de carga, pesca comercial y de recreo, así como las casas rodantes importadas temporalmente por residentes permanentes en el extranjero.

Con la reforma, sostuvo Fernando Castro Trenti (Morena), no sólo se busca incrementar la recaudación, sino también conocer el origen y destino de las mercancías. “Nos va a permitir limpiar la cara en el mundo, tener aduanas a la altura de las mejores. Habrá más orden, los que reciben una patente serán corresponsables de certificar lo que sale y lo que entra, y ya no recibiremos pares impares de zapatos que hacen posible alterar el ingreso fiscal para que unos cuantos se enriquezcan”.

En contraste, Emilio Lara Calderón (PRI) planteó que no hay garantías de que las nuevas reglas “no se usen como instrumento de presión política, de control discrecional o de extracción indirecta de recursos a quienes cumplen”.

Consideró que el nuevo artículo primero transitorio modificado por los senadores no protege a los agentes y agencias aduanales, que “no podrán evadir el golpe, porque se imponen sanciones confiscatorias sin diferenciar entre errores menores y fraudes fiscales, y castiga con la misma severidad a contribuyentes que cometen alguna falta formal y a los verdaderos defraudadores”.