Chilpancingo, Gro., En el marco de la celebración del 30 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que inició el sábado y concluyó ayer en la casa de justicia Las Jun-tas Caxitepec, municipio de Acatepec, en la Montaña Alta de Guerrero, sus integrantes pusieron en cuestión: “¿qué diferencia hay entre los gobiernos autoritarios del pasado con los de hoy?”.

En la postura final, la CRAC-PC señaló: “hace 30 años los pueblos me’phaá (tlapanecos), na savi (mixtecos), nahua y afromexicano de la Costa Chica y de la Montaña de Guerrero, nos reafirmamos herederos de los primeros pobladores dueños de estas tierras; retomamos nuestras instituciones, nuestro gobierno y sistemas normativos. Decidimos conformar nuestras policías comunitarias para brindar seguridad, justicia y reducación como lo hacían los abuelos.

“Nos organizamos no para generar violencia, sino cuidar nuestra tierra, territorio y bienes naturales; no como símbolo de poder para someter por la fuerza a los demás, sino para construir un clima de paz en nuestros pueblos. Forjamos un territorio que nos permita cohabitar con nuestras fiestas patronales, ritos, danzas y nuestro gobierno comunitario.”

La coordinadora, prosiguieron, cuenta al momento con “seis ca-sas de justicia; más de 300 pueblos pertenecemos a la CRAC-PC, donde impera un clima de armonía, lejos de la violencia que azota otras regiones del estado de Guerrero, donde las instituciones del estado han sido incapaces de contener y revertir la criminalidad”.

Los redactores del documento lamentaron que “lejos de reconocer lo que aportamos, las autoridades nos criminalizan; pensamos que con la llegada de un gobierno progresista habría un diálogo más fluido, no se discriminaría a los pueblos indígenas. Planteamos a la legislatura de 2018 que iniciara los trabajos para el reconocimiento constitucional de la CRAC-PC”.

Se realizó una consulta “y se presentó una iniciativa que nunca fue aprobada; por el contrario, la fracción mayoritaria compuesta por Morena nos dio la espalda”, reprocharon.

En septiembre de 2024 “observamos con agrado la reforma indígena en el Congreso de la Unión, que reconocía la jurisdicción indígena y la libre determinación, y autonomía para aplicar y desarrollar nuestros propios sistemas normativos en la resolución de los conflictos internos”, reconocieron, y agregaron que entonces acordaron con el Congreso de Guerrero “iniciar un diálogo tendiente a construir las bases para nuestro reconocimiento constitucional y legal; las mesas de diálogo no prosperaron; el gobierno le apostó al desgaste de la CRAC-PC”.

Sostuvieron que a continuación “empezó una persecución y represión contra nuestro sistema de justicia; hace meses fueron detenidos cinco policías comunitarios de Xalpatlahuac, que se encuentran recluidos como si de delincuentes setratase; la semana pasada el consejero de la CRAC Jaime Morales Castro fue liberado. Lamentamos que mientras detienen a nuestras autoridades comunitarias, el gobierno pacta con las bandas delictivas”.

Asimismo, demandaron justicia por los asesinatos de los luchadores sociales Rocío Mesino “y de Ranferi Hernández y su familia”.

Firmaron el escrito las casas de justicia Espino Blanco, El Paraíso, Caxitepec–Las Juntas, Chilix-tlahuaca y Zitlaltepec.