Nueva York y Washington. El presidente Donald Trump escaló su ofensiva retórica contra sus opositores en la tercera ciudad más grande de Estados Unidos al recomendar que sean encarcelados tanto el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, como el gobernador del estado de Illinois, JB Pritzker, quienes se oponen al despliegue de tropas federales en esa entidad, y elevó la amenaza que representa un enemigo inexistente en Portland, Oregon.

“¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por fracasar en proteger a oficiales de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas)! ¡También el gobernador Pritzker!”, escribió en su red social.

El demócrata Johnson, quien firmó una orden ejecutiva esta semana prohibiendo que agentes federales usen propiedades e instalaciones municipales para operaciones antimigrantes, respondió: “no es la primera vez que Trump ha intentado arrestar injustamente a un hombre negro; no me muevo”.

El gobernador, también demócrata, JB Pritzker, quien repetidamente ha condenado el envío de tropas de la Guardia Nacional a Chicago, respondió: el mandatario ahora está “llamando por el arresto de representantes electos que están limitando su poder. ¿Qué más falta en el camino a un autoritarismo pleno?”

Mientras crece la confrontación entre la Casa Blanca y sus opositores en Chicago en torno a las operaciones antimigrantes, Trump procedió a otro frente: insistiendo en que la ciudad de Portland es “un paisaje infernal” que requiere intervención federal, y realizó una reunión en la Casa Blanca para abordar el conflicto que le representan los Antifa.

Durante esa junta, Julio Rojas, un periodista de The Blaze –un sitio derechista–, agregó: “no se trata sólo de eso. Antifa está paseando por las calles de Portland, relizando pintas de las siglas CJNG”, y explicó al presidente que esas letras identifican a un cártel mexicano de drogas.

La Casa Blanca emitió una declaración según la cual: “el fuego infernal encabezado por antifa ha convertido a Portland en un páramo de bombas incendiarias, golpizas y ataques frontales contra oficiales federales y propiedades gubernamentales –aun así, las fake news permanecen vergonzosamente negando el reino de terror de la izquierda radical”.

Antifa se refiere a personas de ideología antifascista, o anti-fa, pero no existe ninguna organización o entidad con ese nombre.

Comentaristas señalan que el término es tan amplio y amorfo que podría incluir a los soldados estadunidenses que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, dado que fue una lucha contra el fascismo. No obstante, el gobierno de Trump insiste en su existencia macabra detrás de actos de violencia, en protestas contra las autoridades en lugares como Portland. Esto, a pesar de que la gobernadora y los alcaldes demócratas de esa región han reiterado que esa descripción de lo que ocurre en sus ciudades “es una fabricación para justificar el envío de soldados”.

Trump ha desplegado tropas federales de la Guardia Nacional en Los Ángeles y Washington, y sugiere que, además de Chicago y Portland, hay más ciudades en su lista en las que debe lograr su objetivo de “frenar el crimen”, gran parte del cual es generado, acusa, por inmigrantes. Por ahora, una jueza federal ha frenado el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, pero otro juez federal negó hacer lo mismo para Chicago.

En tribunales también han limitado las maniobras que el comandante en jefe de las fuerzas armadas quiere emprender en otras entidades, incluyendo Chicago, donde un juez federal ordenó que los agentes de ICE cumplieran con un decreto que les obliga a mostrar evidencia para justificar arrestos de personas migrantes.

Ante los obstáculos jurídicos para Trump y su equipo contra el despliegue de tropas en su país, han amenazado con invocar la Ley de Insurrección, que data del siglo XIX, bajo la cual un presidente puede usar a las fuerzas armadas federales para controlar disturbios en emergencias, sin la solicitud de gobernadores ni otros. La más reciente ocasión de su uso fue ante los disturbios de Los Ángeles en 1992.

Según la Constitución, las fuerzas militares tienen prohibido realizar operaciones de seguridad pública en el país, pero aquella antigua ley permite excepciones, por lo que los expertos discuten si ahora es aplicable o no.

Una mayoría de estadunidenses, 58 por ciento, apoyan el envío de tropas a ciudades si existe una amenaza externa, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos, mientras 53 por ciento de votantes perciben que el proceso de deportación “no ha sido justo”, y la mayoría desaprueba el manejo de la política migratoria del presidente, de acuerdo con un sondeo de opinión de The New York Times/Siena University.