La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que los seis connacionales detenidos en el centro de detención Ktziot, en Israel, luego de que participaran en la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza, accedieron de manera voluntaria a ser repatriados a México, por lo que se iniciaron gestiones inmediatas con las autoridades de ese país para que el proceso se lleve a cabo lo antes posible.

El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se reunió con Arlin Medrano, Ernesto Ledesma, Carlos Pérez Osorio, Sol González, Laura Alejandra Vélez Ruiz y Diego Vázquez, los seis mexicanos. De acuerdo con la cancillería, todos se encuentran en buen estado de salud y agradecieron la asistencia consular que recibieron durante el trayecto, así como el acompañamiento brindado desde su detención.

La SRE añadió que también se mantiene comunicación con la mexicana que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la flotilla, quien igualmente se encuentra bien. La dependencia subrayó que continúa en contacto permanente con los familiares de los detenidos y reiteró su compromiso de salvaguardar la integridad de los connacionales en cualquier circunstancia.

Protesta frente a la embajada

Integrantes del Global Movement to Gaza México realizaron una manifestación frente a la embajada de Israel, en la colonia Lomas de Chapultepec, para exigir la liberación de los seis connacionales.

Decenas de personas participaron en la protesta, en la que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital instalaron un cerco con vallas metálicas y patrullas de tránsito alrededor de la representación diplomática.

Los activistas demandaron al gobierno mexicano que incremente las acciones diplomáticas para proteger a los participantes de la Global Sumud Flotilla, así como un alto al genocidio en Gaza y la ruptura de relaciones con Tel Aviv.

Antes de la protesta, los activistas entregaron en las oficinas de la Organización de Naciones Unidas, en Polanco, una carta para respaldar la iniciativa United for Peace, impulsada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el objetivo de buscar medidas internacionales para frenar la violencia en la región.