La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó ayer dos normas oficiales mexicanas para reforzar la seguridad industrial y operativa en la cadena de suministro de gas licuado de petróleo (gas LP).

Se trata de la NOM-EM-006-ASEA-2025, para el transporte, y la NOM-EM-007-ASEA-2025, para la distribución, las cuales elevan los estándares de seguridad y establecen obligaciones más estrictas para las empresas concesionarias. Ambas regulaciones entran en vigor este sábado y tendrán una vigencia de seis meses a partir de su entrada en vigor.

Entre los cambios más relevantes está la obligación de presentar anualmente un dictamen de operación y mantenimiento de las unidades de transporte y distribución, además de la profesionalización de los conductores, quienes deberán acreditar una capacitación teórico-práctica mediante un estándar de competencia avalado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.

En los documentos, publicados ayer en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se establece que se realizarán pruebas hidrostáticas e inspecciones internas periódicas cada 10 años al recipiente de las unidades, con el fin de detectar oportunamente grietas, orificios o defectos estructurales que puedan generar fugas o fallas.

Las pruebas de hermeticidad e inspecciones visuales externas serán anuales.

Además, todas las unidades de transporte deberán incorporar dispositivos de control de velocidad –la máxima será de 80 kilómetros por hora– y sistemas de geolocalización satelital que transmitan información en línea con la regulación de la Comisión Nacional de Energía.

El cumplimiento será gradual: las unidades de transporte, así como las de distribución con capacidad mayor a 5 mil litros y antigüedad igual o mayor a 10 años, tendrán un plazo de 4 meses a partir de la entrada en vigor de las normas; el resto deberán cumplir a lo largo de 2026.

La Semarnat aseguró que estas medidas tendrán un impacto mínimo en los costos de operación, estimado en un incremento de apenas 0.2 por ciento en el precio final al consumidor. Mencionó que en coordinación con las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Energía (Sener) se llevará a cabo un programa de inspecciones conjuntas en las plantas de distribución.