La Cámara de Diputados aprobó una reforma para que quienes posean concesiones o permisos en zonas federales marítima-terrestres estén obligadas a garantizar el ingreso público a las playas, y para que la Secretaría del Medio Ambiente asegure el paso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia, al menos un día a la semana.

Los cambios a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente responden a protestas ciudadanas por el cerco a playas; para Morena son un paso más a “revertir el proceso privatizador” de bienes y empresas nacionales.

Para hacer efectivo el cambio, se incluyó en una reserva al dictamen de la Comisión de Turismo para precisar que Medio Ambiente, en coordinación con los municipios, constituirá un registro nacional de ingreso a playas, a partir de la identificación y validación conjunta de la traza urbana, semiurbana y rural.

En tribuna, el diputado Enrique Vázquez Navarro (Morena) señaló que durante décadas el país vivió “una privatización silenciosa, y a veces descaradamente abierta, de las costas del país, con la excusa del desarrollo turístico”.

En ese esquema, resaltó, “se levantaron muros no sólo de concreto, sino también de intimidaciones. Hoteles, fraccionamientos de lujo y clubes de playa exclusivos han cerrado el ingreso público a las playas y convirtieron el patrimonio de todos en el privilegio de unos pocos”.

El coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal Ávila, recordó que desde la década de los 80 en el país se impuso un modelo que derivó en un proceso de “privatización salvaje”, que comenzó a frenarse desde 2018.